Tanto el Gobierno como el Municipio de Guayaquil usan artículos de la Constitución para reclamar la competencia de construir escuelas. ¿Hay contradicciones?
Algunos municipios han actuado en temas de infraestructura educativa, pero es responsabilidad del Estado hacer intervenciones urgentes para solventar el déficit. Acabamos de evaluar el Plan de Desarrollo y el segundo punto tiene que ver con la calidad de la educación. Un elemento de ese problema es la infraestructura. Más allá de enredarnos en el texto constitucional,  hay que tener claro a quién se beneficia: a los niños.

Pero el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ya estaba trabajando en esa área...
El Gobierno encuentra un déficit de acción pública allí. La responsabilidad del Gobierno es trabajar en la calidad de la educación.

¿Y no habría sido mejor trabajar en conjunto?
Yo creo que el país avanza hacia un esquema solidario. Hay un gran avance en el marco constitucional que define competencias exclusivas y concurrentes. La calidad de la educación es un tema nacional.

La ley debe definir las competencias de cada nivel de gobierno. ¿Cómo las va a desarrollar?
La ley tiene varias vertientes. Por un lado hay cantones y provincias que ya están trabajando en sus estatutos de distritos metropolitanos o regiones. El Municipio de Quito ya tiene un borrador. En Guayaquil hay una corriente que plantea la discusión de un estatuto, entendiendo la ciudad como una región de planificación. Lo otro es que hemos avanzado en la ley. Hace ocho días estuvimos con la Comisión Legislativa. La idea es elevar el título quinto en un solo cuerpo orgánico.

¿Qué apertura tiene el Gobierno para atender los reclamos del alcalde Nebot?
Este es un gobierno democrático. La virtud de la construcción del capítulo de la descentralización fue conversar con  los actores.