La Comisión de Descentralización se dividió en dos grupos para avanzar en el debate.

Hasta fines de enero próximo, el Gobierno espera tener listo el proyecto de Ley de Régimen Descentralizado, que desarrollará el título quinto de la nueva Constitución, referido a la organización territorial y los gobiernos descentralizados.

La primera disposición transitoria da un plazo de 360 días para que el órgano legislativo redacte el texto.

La Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y la Comisión de Descentralización del ‘Congresillo’ se reunirán cada quince días para discutir el contenido del proyecto.

La idea es que este sea un código único para regular el ordenamiento territorial; es decir, que aglutine todos los cuerpos legales relacionados.
La Comisión de Descentralización se dividió en dos grupos: uno tratará las competencias y el otro, gobierno y territorio.

El punto de partida de su discusión son los tres cuerpos legales vigentes que se refieren a los niveles de gobierno: la Ley    de Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial y la Ley de las Juntas Parroquiales.

Tatiana Hidrovo (PAIS), miembro de la Comisión Legislativa, explica que esta espera que el Ejecutivo remita su proyecto para trabajar sobre él, aunque de todos modos desarrollarán su propio articulado.

La Senplades, asimismo, anuncia que retomará el espacio de diálogo con los delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) y el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales (Conajupare).

Esos actores participaron en la redacción del texto constitucional en Montecristi.

Pavel Muñoz, subsecretario de Reforma Democrática de Senplades, expresa que no se ha definido qué instancia  presentará la iniciativa legislativa. “Podría ser conjunta”, señala.

Muñoz cree que la parte más compleja de la redacción de la ley será la definición de las competencias exclusivas y concurrentes de los diferentes niveles de gobierno: central, regional, provincial, cantonal y juntas parroquiales.

La ambigüedad del texto constitucional ya causó un  impasse  entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil por la construcción de escuelas.
La Constitución  ya establece una base de competencias exclusivas del régimen, como la defensa nacional, la planificación nacional, los recursos energéticos y las relaciones internacionales.

El funcionario explica que habrá que empezar por definir las facultades de cada nivel. Un ejemplo: el gobierno central tiene como facultad la rectoría de las políticas de educación, mientras que los gobiernos seccionales tienen la facultad de gestión (es decir, en la planificación, construcción y mantenimiento de infraestructura física de centros educativos).

Otro tema por definir es la creación de las regiones. El Gobierno ha dividido el país en siete para efectos de planificación interna, pero territorialmente podrían ser más o menos, según la voluntad de las provincias.

La Constitución plantea, entre otros temas, la creación de una secretaría técnica que dirimirá en caso de que haya conflictos de competencias. Aún no se define qué instancias cumplirán esas funciones.