El informe de la deuda, que sirvió de pauta para que el Gobierno decida acogerse a una moratoria técnica de los intereses de los bonos Global 2012 y que es  base de la indagación que abrió la Fiscalía, contiene varios errores jurídicos, imprecisiones y debilidad técnica.

Esto resta seriedad a una iniciativa que pudo resultar histórica, según  especialistas e incluso personas que han sido nombradas en el documento.

Para Augusto Tandazo, especialista en derecho económico, el informe de la deuda carece de la regla básica de una auditoría que es fundamentar cada uno de los hechos irregulares citados y detallar cómo se produjo la ilegalidad.

Una de las denuncias sobre la deuda es la firma, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, del Tooling Agreement, que sería una renuncia unilateral a la prescripción de la deuda.

Pero el informe no menciona que sí se hicieron pagos de intereses, ni se establecen las fechas exactas de cuándo supuestamente se inició la moratoria que generaría la prescripción.

 En cambio existe un informe del Banco Central  (que no es citado) que sí se hicieron pagos de intereses entre 1989 y 1992, lo que, según el ex presidente Durán-Ballén, invalidaría la supuesta prescripción.

Los comisionados consideran que el pago de intereses no afectaba dicha prescripción.

Uno de los errores jurídicos más importantes del informe es que los comisionados informan dentro del tema de la deuda comercial que se violó la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados.

Tandazo explica que esa normativa se aplica cuando se trata de una controversia entre estados, pero la deuda comercial se refiere a divergencias entre el Estado y entidades privadas.

Otro problema es que en el informe se estudiaron solo algunos periodos presidenciales y no en orden cronológico, por lo que aparentemente se habría realizado discrecionalmente.

Mauricio Pozo, ex secretario de Finanzas, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ha reiterado que en el informe ampliado su nombre aparece en medio de una negociación, tres años antes de que sea ministro.

Mientras tanto, María Victoria Serrano, ex cónsul de Ecuador en el Reino Unido, quien es mencionada en uno de los informes ampliados de la Comisión, cuenta que ella recibió desde la Cancillería poderes emitidos por el Gerente del Banco Central del Ecuador y el Procurador General del Estado, para la renegociación de la deuda con un listado de bancos acreedores.

Serrano hacía el papel de agente de proceso, pero no tomaba decisiones, refiere la ex funcionaria.