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| Ambición desmedida |
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El país cuenta con un sistema financiero que no es perfecto, pero es bueno; en términos generales está ofreciendo seguridad a los depositantes. También hay que reconocer que las autoridades están más preocupadas por controlar a las instituciones financieras y así se da un marco de mayor confianza y tranquilidad que en el pasado, con lo cual los depósitos de los clientes de las mismas están a buen recaudo.
Felicito la iniciativa de la Superintendencia de Bancos de publicar en su página web el listado de las instituciones autorizadas a captar recursos de depositantes, pero por otro lado están personas que, curiosamente por efectos de su desmedida ambición, se dejan tentar por los estafadores y que bien pueden tener a narcolavadores tras sus operaciones de captación.
Da la impresión de que los “inversionistas” o “ahorristas” en estas operaciones, donde les aseguran pagar tasas de interés muy jugosas y tentadoras, pero ilógicas e irracionales a la vez, se convierten en una clase de cómplices de actividades ilícitas, lo cual debería ser penado por la ley, porque se están prestando al juego del narcolavado, sin descontar el riesgo que corren de perder sus fondos, que en algunos casos son los ahorros de toda una vida; luego estas personas se convierten en víctimas y corren a pedir que el Gobierno con fondos del Estado (todos somos Estado y equivale a que debemos pagar todos nosotros) les devuelva sus ahorros o el monto de sus “inversiones”.
En lugar de darles ayuda, debería sancionárselos por su participación en un negocio ilícito y no darles espacio en medios de comunicación para que exijan devoluciones; la estupidez no puede ser penada por la ley, pero tampoco pueden pretender exigir nada a título de autollamarse víctimas, ya que son ellos mismos los irresponsables que corrieron riesgos por buscar dinero fácil. Hay varios casos de estos en nuestro país, uno muy sonado y reciente en Machala con el desaparecido notario Cabrera.
Nada pueden exigir a las autoridades. La ciudadanía debe exigir que no se atienda petición alguna de estas “víctimas” para que se les ayude a recuperar sus fondos. Esperemos que el Gobierno y las autoridades no se presten al juego y si insisten deberían investigarlos como socios del narcolavado, así se erradicarán las captadoras de fondos.
Pedro Saona Roca
Guayaquil
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| Ricardo Noboa Bejarano |
El sectarismo ideológico y antidemocrático prevaleciente en el Ecuador de hoy, y que tuvo su génesis en la utilización de la justicia para perseguir adversarios políticos, ha dado a luz un nuevo engendro: la posibilidad de convertir en delitos penales, políticas de gobierno, mediante una especie de “culpa colectiva” de los ex mandatarios y sus correspondientes ministros de Estado.
La creación de una “Comisión Especial” ya es, de por sí, antidemocrática e inconstitucional. En efecto, el artículo 76 literal k) de la Constitución de Montecristi prohíbe que una persona sea “juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”. Y, ¡qué ha hecho la Comisión de Auditoría de la Deuda, sino “juzgar” a los ex presidentes y sindicarlos por el manejo de la deuda externa! Y de paso, bajo la orientación de un extranjero descalificado, que tiene nada menos que cinco juicios penales pendientes en su país de origen.
Decisiones tales como la sucretización, la renegociación de la deuda externa, la dolarización, y tantas otras que han tomado los presidentes a través del tiempo pueden ser calificadas como convenientes o inconvenientes. Podrá haber quienes estén o no de acuerdo con ellas. Pero ¿son delitos? ¿Alguno de los presidentes se benefició personalmente con tales decisiones engrosando su patrimonio personal? Jamás se ha probado tal cosa, y por tanto, debemos presumir su inocencia. Por tanto, un informe que emite los juicios de valor que constan en el de la Comisión solo puede ser calificado de infame.
Efectivamente. Ese informe es una infamia y la única explicación que cabe es la pretensión ideológica de la clase gobernante actual de desprestigiar a todos aquellos que no piensan igual, estigmatizándolos ante la historia y penalizando sus conductas.
No se trata por tanto de defender a tal o cual presidente o ministro. Se trata de defender la institucionalidad de las decisiones de Estado que, en una época y bajo determinadas circunstancias, se ven obligados a tomar los presidentes de la República. Y que los tornan en más o menos populares. Pero jamás en delincuentes.
Este tipo de canalladas, que pretenden establecer responsabilidades “colectivas”, suelen convertirse en bumeranes respecto de quienes las impulsan. Y son propias de los fascismos de izquierda o derecha que de cuando en cuando se presentan en el mundo.
Los ecuatorianos esperamos que exista la suficiente reflexión en las autoridades y le den al informe el destino que se merece: el tacho de la basura.
Ricardo Noboa Bejarano
doctor, Guayaquil
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| Emergencia agrícola |
Los precios internacionales de los productos agrícolas ecuatorianos exportables están descendiendo, principalmente banano, cacao, mango y flores, así como otros productos locales como maíz, soya, la palma africana.
En general, los productos suntuarios y los productos relacionados con la bioenergía están en franco deterioro. Hay unos que tienen mejor precio en los países vecinos, como el arroz, aunque internacionalmente están más bajos. Hay otros que generalmente son más caros localmente que en el exterior, por condiciones propias de productividad y de mercado, como el azúcar.
Bajo este panorama comercial agrícola lo que cabe preguntarse es: ¿Por qué después de tantos años, de tantos gobiernos, de tantos estudios, este escenario no ha cambiado? ¿Por qué seguimos dependiendo de precios oficiales? ¿Por qué satanizamos la tecnología por ley antes de que se prueben sus reales resultados? ¿Por qué tenemos dirigentes que no representan al verdadero agricultor? ¿Por qué queremos que el Estado nos ayude a solucionar nuestras deficiencias productivas?
Creo que ya es hora de hacer que este escenario cambie, creo que la agricultura no puede ser un negocio que cuando se lucra del verdadero agricultor que vive en el campo recibiendo por sus productos precios de miseria, es un negocio próspero, mientras que cuando por fin el agricultor puede vender sus productos a un precio justo, se prohíben las exportaciones. Al estar los precios de los productos de exportación muy buenos, todo bien, pero mientras, tenemos que competir por eficiencia y el negocio se complica. Pedimos al Estado subsidios, compra de cosechas, prohibición de importaciones, liberaciones de impuestos, etcétera.
Al paso que vamos la actividad agrícola va a ser solo de intermediarios o de dirigentes vivarachos, quedándonos únicamente dos caminos: o cambiar este panorama o seguir viviendo una eterna emergencia agrícola.
Cecilio Jalil
Guayaquil
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| Consumidores y control |
¿De qué manera podríamos cambiar la situación en nuestro país con la corrupción que campea en todos los medios? Revisemos algunos casos en los que se presentan muchas irregularidades que causan estragos al consumidor final:
Primer caso: observar en los mercados y plazas cómo se juega con los precios de los víveres, teniendo valores diferentes que irrespetan el precio de venta al público.
Otro ejemplo: el despacho de combustible a vehículos particulares, que en ciertas gasolineras no completan los galones que marcan en las máquinas.
Uno más: personas que consumimos leche en polvo de una presentación de 450 g a un precio, ahora expenden en los supermercados el mismo paquete con 400 g pero a un valor mayor.
Muchos lectores tendrán decenas más de observaciones, denunciemos estos fraudes y engaños al consumidor.
¿Por qué con tantas instituciones gubernamentales de control no se pueden frenar estos abusos, siendo la clase trabajadora la más perjudicada?
Miguel Coronel L.
Guayaquil
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| Guayaquil |
| Relaciones humanas |
La Junta Provincial del Guayas, de la Cruz Roja Ecuatoriana y su centro provincial de capacitación invitan a la comunidad al curso de relaciones humanas, a partir de las 18:00. Inscripciones al 256-0674, 256-0675. |
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