“Si quieres que algo fracase, forma una comisión”. La máxima de oro de la burocracia es una de esas extrañas cosas que se cumplen con regularidad y que funcionan con precisión. Pero hay veces que aun los principios básicos como este patinan y no llegan a cumplirse. Es lo que acaba de ocurrir con el grupo conformado para tratar el tema de la deuda que, disciplinada y obedientemente, después de tomarse el tiempo necesario, entregó el informe a su mandante. Como correspondía a un hecho de esta naturaleza y dada la trascendencia de los resultados, el acto fue solemne, masivo y militante. Para el espectador de a pie no quedaba duda de que allí se marcaba un antes y un después.
Sin embargo, el debate al respecto no ha tenido la magnitud ni la profundidad que merece. Más allá de reclamar, con gran dosis de xenofobia, por la presencia de extranjeros en la comisión y de señalar con toda razón el abandono de principios básicos del debido proceso, no se ha analizado con detenimiento lo que puede suceder en adelante.
Ha habido mayor preocupación por la forma en que la comisión llegó a sus conclusiones –una forma discutible y en gran medida censurable, por cierto– sin considerar seriamente que su dictamen es una realidad tangible y que el Gobierno ya tomó una posición al respecto. Hay que recordar que el Presidente no se limitó a recibir el informe y a hacer la consiguiente promesa de analizar su contenido. Por el contrario, él fue mucho más allá, hasta manifestar su adhesión incondicional a la opinión de la comisión e incluso hasta anticipar las acciones que podría tomar en el futuro inmediato. El Presidente hizo suyos los adjetivos de ilegal, ilegítima y corrupta con los que la comisión calificó a la deuda. Dijo, además, que su gobierno podría dejar de pagarla en caso de que se llegara a comprobar que esas son sus características. Más claro, imposible.
La declaración presidencial puede ser vista como el paso más trascendental que el Gobierno ha dado en lo económico desde el inicio de su gestión. Ningún anuncio de medidas habría tenido las consecuencias que pueden desprenderse de esta posición. Por sí sola, esa declaración creó un nuevo escenario tanto dentro como fuera del país. El comportamiento de la economía nacional dependerá de los pasos que el Gobierno vaya dando en este tema en los próximos días y meses. Ninguna de las acciones posibles dejará de tener consecuencias de fondo. Si decide seguir pagando la deuda o si opta por dejar de hacerlo, el país sentirá unas consecuencias que no se habrían producido antes de conocer el informe de la comisión y de escuchar la declaración presidencial. Lo mismo se puede decir de la posibilidad de iniciar procesos judiciales contra quienes la negociaron y contra los prestamistas. Similares efectos se producirán incluso si se abstiene de escoger cualquiera de esas opciones.
¿Habrá previsto el Gobierno el tamaño de la caja de sorpresas que abría con los tres calificativos?