El Primer Mandatario defendió la labor de la Comisión de Deuda
y sus resultados.

Por lo menos diez extranjeros, activistas de movimientos ciudadanos de izquierda, opuestos al pago de la deuda externa y promotores de la comunicación comunitaria alternativa de la región, son integrantes de dos comisiones claves en el régimen de Rafael Correa.

Estas son la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que el pasado 20 de noviembre entregó un informe en el cual presuntamente existen indicios de ilegalidad en la contratación y renegociación de la deuda externa ecuatoriana; y la Comisión de Auditoría de las Frecuencias de Radio y Televisión, que se conformó el pasado lunes y cuyo objetivo es verificar la legalidad de los procesos de concesión de frecuencias.

Esta Comisión también deberá determinar, a través de un informe, si hay monopolios u oligopolios, y si existe vinculación con los grupos de poder económico, para lo cual cuenta con 180 días de plazo.

Pese a que ambas comisiones tienen a su cargo auditorías, que suponen la realización de un trabajo técnico, antes que político, los miembros extranjeros se caracterizan por tener una postura parcializada sobre los temas a examinar. 

En el caso de los comisionados de la deuda, que llegaron a Ecuador a trabajar ad honórem, todos, sin excepción, han tenido una militancia en movimientos contrarios a la deuda externa y vienen de una participación en la promoción de auditorías en Perú y Brasil, así como en el impulso de condonación de deudas y la construcción de alternativas financieras para los países en desarrollo. 

Ellos son: Gail Hurley, María Lucía Fatorrelli y Óscar Ugarteche, con sus respectivos suplentes: Jürgen Kaise, Alejandro Olmos y Eric Toussaint.

Tras la presentación del informe, se ha destacado a Alejandro Olmos, quien según la información del diario  Perfil  (Argentina) fue hijo de Alejandro Olmos, quien impulsó durante 18 años  la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública de Argentina.

Según Perfil, Alejandro Olmos hijo, está implicado en irregularidades o supuestos actos de corrupción en su país.

Él, en diciembre del 2005, impulsó junto a Pérez Esquivel y más de 50 representantes de entidades sociales, religiosas, sindicales y de derechos humanos un recurso de amparo para suspender el pago de las sumas reclamadas por el FMI hasta que la Justicia Federal  expida sobre la legitimidad de los reclamos.

El presidente Rafael Correa en su enlace radial de ayer  defendió a  Olmos de los cinco  delitos que denunció  diario  Perfil.  “Resulta que ha sido un gánster..., hay que tener cuidado, la próxima  vez que lo vea  hay que ir con policía. Resulta que ha sido enemigo público, Osama bin Laden es un turro a lado de Alejandro Olmos”.

El Primer Mandatario afirmó que las denuncias son parte de “una campaña de desprestigio”, sin  argumentos “para revertir  lo que dice la Comisión”.

El Gobierno de Ecuador creó a la Comisión el 9 de julio del 2007 mediante el Decreto Ejecutivo 472. La vigencia de la Comisión era de un año calendario, pero en julio pasado el presidente  Correa  extendió el plazo de funcionamiento hasta el 30 de septiembre pasado.

En cuanto a la dinámica de trabajo, Beatriz Reyes, encargada de comunicación de la Comisión, aseguró que los comisionados no cobraron por su trabajo. El país tuvo que correr solo con los costos de los pasajes de avión y su estadía en el hotel Tambo Real, que no es de los más caros de la ciudad y, por supuesto, la estadía (se estima entre $ 60 y $ 70 el costo de una habitación sencilla por día).

De acuerdo a  fuentes de la Comisión,  los integrantes nacionales recibían una remuneración de $ 2.500 mensuales, mientras a los extranjeros se les pagaba entre $ 150 y $ 200 por cada reunión a la que eran convocados. Aunque no confirmó cuántas  tenían a la semana.

Entre tanto, la comisión que realizará la auditoría de las frecuencias de radio y televisión, según la disposición transitoria vigésimo cuarta de la nueva Carta Magna, tiene cuatro integrantes extranjeros: dos principales y dos suplentes.

Ellos son José Ignacio López y Aleida Calleja, quienes actúan como titulares; mientras que Gustavo Gómez y Joao Brant  son los alternos. Los cuatro están vinculados con organizaciones de comunicación comunitaria de la región.

Germánico Pinto, secretario técnico del Ministerio coordinador de Sectores Estratégicos, que integró la comisión, dijo que se incluyeron extranjeros para que aporten la experiencia de sus países en las auditorías.

Al ser consultado sobre su participación en el grupo, López comentó que prefería no dar entrevistas hasta tener la primera cita  de trabajo. Lo mismo respondieron, vía  e-mail,  Callejas y Brant.

Detalles

José López
Nació en Cuba, pero se radicó en España y luego en Ecuador. Fue sacerdote jesuita, pero abandonó la orden religiosa. Es fundador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (Amarac). Ahora integra el Foro de la Comunicación, que aglutina a varias agrupaciones en el país y que colaboró en la  Constituyente con la redacción de los textos constitucionales.

Aleida Calleja
Es mexicana. Actualmente es vicepresidenta de la misma fundación que creó López y ha sido parte de organizaciones que investigan ataques contra la prensa de la región.

Joao Brant
Es brasileño, miembro de la Coordinación Ejecutiva de Intervozes-Colectivo Brasil de Comunicación Social; tiene maestrías en políticas de comunicación.

Gustavo Gómez
Es uruguayo, miembro de Amarac; director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación. Actualmente asesora al gobierno de su país en televisión digital.