Víctimas de la violencia sufren por los maltratos y la  lentitud en el sistema judicial. 

La angustia visita cada día las instituciones judiciales. Aparece de un lado a otro en las personas que cargan denuncias y documentos buscando a un juez que se los firme; en quienes días enteros pasan esperando la “ayuda” de un policía o un fiscal, sentados o arrimados en las paredes que, paradójicamente, están llenas de afiches que anuncian que la justicia ya es de todos y que todos tienen derecho a una atención de calidad.

Pero esas promesas están lejos de cumplirse, como lo está también el   artículo 78 de la nueva Constitución, en el que se indica que las víctimas de infracciones penales (delitos y contravenciones) deben gozar de protección especial y garantías para su no revictimización (volver a experimentar situaciones que las hagan sufrir, de alguna forma, el atentado del que fue víctima), particularmente en la obtención y valoración de las pruebas de la investigación.

“Son letra muerta”, en eso coinciden representantes de fundaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas de la violencia, decenas de personas que diariamente claman por justicia en las instituciones del Estado y hasta los mismos autores de esa ley.  “En la anterior Constitución ya se contemplaba la no revictimización, pero al igual que ahora, no se ha hecho nada para cambiar tanto maltrato”, afirma Rafael Esteves, ex asambleísta de la Mesa 8, que elaboró el artículo. Él señala que ahora al ‘Congresillo’ le toca hacer las reformas al Código de Procedimiento Penal para agilizar la justicia.

Pero mientras esos cambios llegan, las víctimas de infracciones penales, entre ellas las más de 19.000 mujeres que han denunciado en el 2008 maltratos ante las comisarías de la Mujer y la Familia y los afectados por los 480 abusos sexuales registrados este año (cifras del Guayas), seguirán siendo revictimizados por la falta de agilidad, personal y mecanismos de investigación.

Una de ellas, una joven, de 15 años, que fue violada por un vecino. Su madre, Elena (nombre protegido),  espera desde hace 37 días espera que la fiscal que lleva su caso emita la boleta de captura contra el agresor. Desde entonces la mujer trabaja en las noches en una empacadora de mariscos y –de 08:00 a 18:00– se dedica a “cazar” a la agente en el Ministerio Público del centro. Ha pasado tanto tiempo ahí que hasta puede anticiparse a los movimientos de cada trabajador.

“Son las 17:00 (jueves). Las secretarias y amanuenses ya mismo recogen sus cosas y se van apuradas a la universidad”. Minutos después su premonición se cumple y entonces, cuando al fin llega la fiscal, ya no hay quien tipee la boleta y Elena se va a su trabajo, triste y exhausta.

Tan cansada como está Rosario (nombre protegido) desde que el 14 de noviembre anterior descubrió que su nieta, de 2 años y medio, era abusada sexualmente por su propio padre. Ella cuenta que el mismo día en que denunció el hecho (hace dos semanas) los médicos legistas de la PJ-G le indicaron que la pequeña había sido ultrajada. Pero este reconocimiento –afirma– no le bastó a la fiscal que lleva su caso. “La fiscal me dijo que los médicos de la PJ no tienen mucha experiencia  y pudieron haberse equivocado. En el nuevo examen confirmaron que había lesiones, pero la fiscal pidió un análisis de orina para ver si es que la niña tiene algún hongo que le causó eso”, cuenta indignada, mientras el pasado viernes esperaba al agente de la PJ-G que tiene su caso.
Pero el perito había salido a un operativo y ese día no le pudo tomar la versión a la pequeña.

Una versión que, según Annabelle Arévalo, abogada del Cepam, debe ser tomada por un psicólogo especializado en niños, a través de terapias lúdicas. Si un policía le toma la declaración la menor sería revictimizada, advierte, como cuando le hicieron el segundo examen ginecológico. 

El ministro fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, coincide con la psicóloga y afirma que investigará el caso, porque –dice– está empeñado en mejorar la atención del Ministerio Público. No obstante, justifica los retrasos en la emisión de boletas de captura indicando que es más responsabilidad de la Corte de Justicia. “La Fiscalía ha aumentado el número de agentes en los últimos años de 30 a 95, pero desde hace 16 años no se aumentan los jueces y los juicios se acumulan”, se queja.

Mientras, el jefe de la Policía Judicial del Guayas, Wilmer Loaiza, señala que “es imposible tener todo el día a los agentes  esperando que la gente venga”. “Tengo 700 hombres en  la provincia en consignas permanentes, yo qué puedo hacer... Si quieren conversar con ellos la gente debería venir a  las 07:00 u 08:00 o a las 15:00 o 18:30, que es cuando formamos”.

No obstante, hay departamentos dentro de la PJ-G que tienen horarios de atención fija, pero no se cumplen. Así, por ejemplo, el miércoles anterior  eran las 11:30 y Rosa (nombre ficticio) seguía esperando al médico legista que le iba a practicar el reconocimiento legal a su hija, de 15 años y víctima de estupro. Aunque según el horario, el doctor debía haber llegado a las 10:00, pero en su oficina solo estaba una enfermera que mandó a Rosa a comprar un tubo de ensayo y guantes para cuando llegara el galeno.

Esto, pese a que todos los servicios de justicia, incluidos sus implementos, deben ser gratuitos. Eso lo sabe bien Marlene, quien cuenta que hace un mes dio  $ 1 a un amanuense de las comisarías de la Mujer para que le tramitara una boleta de auxilio. “Yo sé que eso es gratis, pero es que nadie quiere hacernos el favor de atendernos si no les damos para las colas”, comenta, mientras miraba a su amiga Janeth peregrinar entre los amanuenses para que le tomen una denuncia por maltrato contra su esposo. “No la puedo atender, estoy ocupado”, le decían los trabajadores, hasta que 10 minutos después, uno de ellos se compadeció de Janeth, dejó de conversar con sus compañeras y receptó la queja.

“Ellos piensan que nos están haciendo un favor, pero si atendernos es su trabajo, para eso les pagan”, se queja con rabia Segundo Montoya. Su enojo nació hace tres semanas cuando acudió a la Fiscalía de la PJ-G a denunciar a una mujer que le cortó  el rostro a su sobrino, de 4 años, con una botella. Él estuvo toda la mañana y tarde con el menor ensangrentado esperando al juez de turno, pero cuando este llegó, lo trató con discriminación, dice. “Le pedí educadamente que me firme la boleta de captura, pero el juez me miró con asco, tal vez porque soy negro, botó su cigarrillo y se fue sin decir una palabra”, recuerda indignado. Esa actitud del funcionario hizo que abandonara el trámite de la denuncia y el caso quede impune.

Según la abogada de la Fundación María Guare, Miriam Alcívar, el 70% de las denuncias son abandonadas porque “la justicia sigue siendo un caos y si no hay plata, nadie se mueve”. La no revictimización sigue siendo letra muerta, reitera.

Sin recursos

A víctimas y testigos
El art. 78 de la Constitución determina que se establecerá un sistema de protección a víctimas y testigos de acciones penales. La unidad encargada de este fin en Guayas, que depende de la Fiscalía, solo tiene 10 policías para darle protección a las víctimas y testigos de 204 casos.
Ese departamento cuenta con un carro disponible de lunes a viernes. Los demás días, los agentes –que tienen solo 4 radios– deben moverse con las víctimas con sus propios medios, según fuentes oficiales que no se identificaron.

Cifras

60%
De las víctimas  de violación son niños, pero recién el próximo año la Fiscalía espera implementar la cámara de Gessell para tomar su versión.
10
Médicos legistas hay en Guayaquil, pero solo dos son mujeres. Esto, pese a que el 80% de las víctimas de violación son de sexo femenino.