De las 28 escuelas de capacitación para conductores no profesionales que tienen permiso para operar en el país, 23 –es decir, el 82%– fueron aprobadas durante el actual Gobierno. Organismos ciudadanos que vigilan el tránsito han expresado a la Comisión Nacional su malestar por las irregularidades que se registran en algunas.

Sucursales sin autorización, oficinas pequeñas sin aulas, vehículos en la calle a falta de estacionamiento, instalaciones sin probadores de visión, audición, movilidad, reacción y área sensorial... La realidad de las escuelas de conducción no profesionales del país dista mucho de lo que establece el reglamento que norma su actividad, según se pudo comprobar en un recorrido por varias provincias.

De las 28 escuelas que tienen permiso para operar, 23 (82%) fueron aprobadas durante el actual Gobierno. Organismos ciudadanos que vigilan el tránsito han expresado a la Comisión Nacional su malestar por las irregularidades que se registran en algunas.

Por fuera parece una oficina jurídica cualquiera. “Hólger García, abogado”, se destaca  sobre un fondo amarillo. Por dentro, sin embargo, la realidad es otra. Allí -en un minúsculo local de 3 metros por 5,  junto a un depósito de colas y una tienda de pollo en pie- el servicio judicial privado comparte espacio con   cursos de conducción de $ 177. De golpe o, si prefiere,  en cómodas cuotas.

La escuela -calle Veintiocho de Mayo, Ventanas (Los Ríos)- pertenece a Center Drive, pero dista mucho de las que describe el reglamento que norma esta actividad. Aunque el documento cambiará con la nueva Ley de Tránsito, se mantiene vigente desde el 20 de enero del 2003.

No tiene las dos aulas que se exigen como mínimo, tampoco oficinas administrativas, bar, departamento de evaluación psicotécnica y área de estacionamiento. Mucho menos los equipos necesarios, como  probadores de visión, audición, movilidad, reacción y área sensorial.

En el interior apenas se observa una pizarra de un metro y los vehículos permanecen estacionados en la vía pública, pese a la prohibición en el reglamento.

Center Drive repite el esquema  en otros cantones. En Vinces (Los Ríos), por ejemplo, el local funciona desde hace seis meses en una oficina de similares condiciones. En un letrero se lee “3382811404 Patricio Condo”. Quienes atienden explican que es el número de cuenta del gerente administrativo, en donde los inscritos deben realizar sus depósitos. Afuera, en plena avenida principal, en el  ingreso al cantón, los carros permanecen estacionados junto a la acera.

En Naranjito (Guayas) es igual. Center Drive funciona en una pequeña   oficina -General Córdova y Quito- donde el único mobiliario es un escritorio para inscripciones y pagos. ¿Y los autos? También en la calle.
Esta sucursal no consta en los registros de la  Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que, hasta ahora, ha autorizado el funcionamiento de 28 escuelas  de capacitación para conductores no profesionales, 23  de ellas (82%) durante este Gobierno.

Solo en esta provincia funcionan al menos tres centros de conducción sin los permisos de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) que, según el reglamento, debe emitir la autorización dentro de su perímetro: la de Center Drive en Naranjito, una más de esta misma empresa en Milagro y una de la Troncab  que ¬con sede  en  La Troncal (Cañar)¬ opera en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Naranjal.

En la emisión de permisos, sin embargo, no existe unidad de criterios entre el ente nacional y el provincial. La escuela de  Naranjal, por ejemplo, sí cuenta con autorización de la Comisión Nacional, aunque provisional, “cosa que no existe en el reglamento”, dice  una fuente de este organismo que prefiere la reserva. Destaca que la gerenta de Troncab es Eugenia Cabrera, hija del dirigente transportista Napoleón  Cabrera, ex vocal del directorio que le dio el permiso, quien confirmó esta versión.

En Naranjal hasta hace unos meses funcionaba All Transit, afuera  del Municipio, en plena calle, donde tenía estacionados sus autos. En el cyber de la esquina daban cursos y pruebas teóricas. “Nos pagaban $ 1 la hora por  cada computadora, pero luego tuvieron problemas”, comenta una de las empleadas.

Marcia García, directora académica de la escuela, lo reconoce, pero dice que resolvieron ya no ir a ciudades donde no tienen oficinas. 
Según  la Superintendencia de Compañías, el mayor Leonel Pozo, ex jefe de  Educación Vial de la CTG y actual jefe de Tránsito, se relaciona con la escuela. Era el dueño de la  empresa que luego se convirtió en All Transit. García, sin embargo, menciona que él solo era docente, aunque  el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG se lo prohíbe.  

En Manta, en cambio, una escuela lleva el nombre del legislador  Trajano Andrade, expulsado de PAIS. Funciona en el Sindicato de Choferes Profesionales y es dirigida por Lenín Chiriboga, quien se califica como “amigo” del ex Ministro de Transporte. Admite que en abril Andrade lo ayudó en la conformación de la empresa que, aunque se encarga de preparar a  quienes buscan  la licencia tipo C (vehículos pesados) dicta  sus  cursos con autos livianos.

Quien sí ofrece capacitar a conductores  sportman  en Manta es  Roberto Andrade Grijalva, hijo del  legislador, a través de la escuela que preside: Conduseg. También  desde abril pasado.  

En Daule (Guayas) se registra un caso distinto. Un sargento jubilado de la CTG, Leopoldo Hidalgo,  ofrece cursos de conducción desde su vivienda, en el centro. Afuera de la casa -donde también funciona la sede social El Sargento para  fiestas y reuniones- ubicó un letrero de la escuela Manejo Seguro. Antes tenía uno de All Transit, señalan  sus vecinos, aunque en el interior solo tiene el mobiliario de una vivienda cualquiera.

Su familia niega que dicten clases y dicen que más bien, “por labor social”, aconsejan  a los interesados que  tomen los cursos en Guayaquil (aunque Aneta tiene oficinas en este cantón) porque ellos no cuentan con el  permiso. Moradores, sin embargo, los contradicen y hay quienes dicen  haber recibido  los cursos.

Patricio Condo, de Center Drive, justifica su presencia en cantones donde no tienen ni oficinas. “Apuntamos a  ciudades y pueblos pequeños porque también quieren aprender”, dice.
  
Un representante de otra escuela, que prefiere omitir su nombre, reclama que la  Comisión Nacional no sancione ni regule  este tipo de actividades, pues asegura que es “vox pópuli”   la venta de cursos, sin siquiera tomarlos. La Comisión no conoce todas las sucursales de las empresas, pues  el  listado  que entregó la oficina de Relaciones Públicas no incluía oficinas que este Diario observó en un recorrido por varias  provincias.

Guillermo Abad, de Justicia Vial, y Víctor Jiménez, de Covial,  señalan que plantearon esta preocupación a la Comisión Nacional. “Es evidente que algunas carecen de infraestructura y personal... La moda es poner sucursales con apenas un escritorio, cuando deben cumplir los mismos requisitos”, dice Abad.  

Los cursos, según la ley, deben durar 33 horas que, en la práctica, se reparten en tres semanas. Pero hay escuelas que ofrecen “cursos rápidos”. Una publicidad de Manejo Seguro   ofrecía entregar licencias en una semana. Otra de Center Drive  señala que el “curso acredita licencias en cualquier parte del país”.

Vigilantes de la CTG advierten sobre una modalidad para evitar dar los exámenes en el parque vial que  la institución  tiene en Guayaquil.
Aunque toman el curso de manejo en la provincia se trasladan hasta Babahoyo (Los Ríos) para sacar sus licencias. Las estadísticas de la CTG hablan: la emisión de los documentos tipo B (no profesionales) cayó en más del  42% con respecto al 2006  y los tipo A (motocicletas) en un 78%.

Juan Carlos Célleri, de Aneta Guayas, dice que cada vez más alumnos piden  que les certifiquen la aprobación de los cursos porque piensan sacar sus licencias en otras provincias.  “Cuando revisamos vemos que han reprobado dos veces el examen en la CTG y solo tienen tres oportunidades”.  Condo recalca que la ley no prohíbe sacar el documento en otras provincias, como menciona su publicidad.