Legislador de PAIS dijo que los bancos no dan todo lo recaudado que corresponde a Solca.

El primer debate del proyecto que crea la red de seguridad financiera sirvió para revelar una denuncia en contra de las instituciones financieras que no entregan a tiempo ni todo el monto recaudado por la aplicación de un impuesto a favor de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) de Guayaquil.

La denuncia la presentó el asambleísta Rolando Panchana (PAIS), quien afirmó que hay inconsistencias y errores entre la información entregada por las entidades  producto del impuesto a Solca entre enero y diciembre del 2007.

Reveló que posee información de 19 instituciones financieras que operan en Guayaquil donde se determina que el año pasado se entregaron $ 15.207 millones  en créditos, de los cuales $ 8,4 millones correspondían a Solca, pero que solo llegaron $ 6,2 millones.

Es decir, según el asambleísta, hubo una diferencia de $ 2,1 millones que no ingresaron. “¿Dónde está ese dinero?”, cuestionó Panchana.

El tema fue parte del debate de ayer, porque en la propuesta del Ejecutivo discutida  en primer debate se plantea la derogatoria del texto donde se cobra el impuesto por créditos concedidos y que luego una parte se entrega a instituciones benéficas como Solca.

El legislador Panchana explicó que antes de hacer la denuncia pidió certificaciones y preguntó varias veces sobre estas inconsistencias, por lo que la Superintendencia de Bancos debe dar una explicación.

Panchana mostró una lista de instituciones  cuyas cifras no cuadran entre las reportadas a la Superintendencia de Bancos y las entregadas a Solca. “Lo ideal es que los recursos que se recaudan vayan directamente a Solca”, insistió.

Manifestó que en la reforma a la Ley de Seguridad Financiera se aprobará un texto que obliga al Ministerio de Finanzas entregar por trimestre anticipado a Solca tomando como referencia los casi $ 45 millones  que recibe por el impuesto, pero que con la ley se debe incluir en el Presupuesto del Estado.

Tras la denuncia, el presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero (PAIS), calificó como grave lo revelado y  pidió que se presente por escrito la denuncia para solicitar en un plazo de diez días la información a la Superintendencia.

El asambleísta Julio Logroño, de SP, en cambio dijo que la solución en esta ley no es quitando el ingreso a Solca, sino implementando mecanismos de control para que las instituciones del sistema  transfieran de forma oportuna  los recursos, para que el dinero de los depositantes no se quede en los bancos y se entregue rápido.