En el ‘Congresillo’ la oposición deslegitimó el informe de la Comisión de Deuda.

La presunta implicación de Alejandro Olmos en irregularidades o supuestos actos de corrupción en su país (Argentina), no deslegitima el informe expedido por la Comisión para la Auditoría Integral del Endeudamiento Ecuatoriano.

Así lo afirmó el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, quien señaló que las supuestas acusaciones contra Olmos, uno de los catorce integrantes de la Comisión auditora, de ninguna manera quita legitimidad al informe.

Además, la emisión del informe fue un trabajo que no tuvo costo para el Ecuador, dijo Pesántez, al indicar que la Fiscalía no conoce oficialmente las denuncias contra Olmos, que deberán ser respondidas en la jurisdicción competente que es la justicia argentina.

Explicó que para la Fiscalía el informe de la Comisión es el antecedente que da elementos para iniciar la indagación previa, pero de ninguna manera es un documento obligatorio o vinculante.

Según la información del diario  Perfil  de Buenos Aires, Olmos fue imputado por la supuesta comisión de cinco delitos: usurpación de títulos y honores, falsificación de instrumento público, malversación de fondos, estafa y adulteración de documento público.

Los asambleístas de PAIS minimizaron ayer las denuncias contra Olmos.
Para el presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero (PAIS), intentar desprestigiar el informe de auditoría porque uno de sus miembros estaría procesado en su país es intentar evadir el tema.

Lo central es la auditoría y no quiénes lo hicieron, dijo y “finalmente hay que ver si el producto final entregado al país tiene o no valor para los ecuatorianos que sabemos que no debemos pagar la deuda por ilegítima”.

Pero el prianista Tito Nilton Mendoza cuestionó que Olmos haya venido a criticar  las acciones de ex presidentes. “Cómo puede ser miembro de la comisión de auditoría un personaje sentenciado por delitos de falsificación de documentos, adulteración de documentos públicos y estafa. Podemos creerle a quien tuvo la osadía de hacer aseveraciones y acusaciones e incluso cayendo en el delito de injurias calumniosas graves”, se preguntó.

Aclaró que está de acuerdo con la auditoría de la deuda, pero dijo que se debe conocer lo que el gobierno de Rafael Correa ha pagado en dos años; además Mendoza preguntó por qué la auditoría se realizó hasta el 2006, por qué no se habla de los famosos “pativideos” cuando el ex ministro de economía negociaba “descaradamente” el pago de la deuda que hoy se cuestiona.

En cambio, Julio Logroño, puso en duda la legalidad del informe de la comisión, porque a su criterio no está legítimamente creada y menos se puede declarar que la deuda externa ha sido ilegal.

Planteó la necesidad de que el Congresillo nombre mediante ley o resolución un comité permanente de auditoría del endeudamiento público que estaría integrado por todos los sectores e investigue desde los años 70.

Tras media hora de debates, el pleno de la Comisión Legislativa aprobó con 58 votos una resolución y condenó la forma como se manejó el endeudamiento público en el Ecuador desde 1976 hasta el 2006.

La resolución pide a los organismos de justicia y de control iniciar acciones administrativas, civiles y penales para sancionar y obtener reparaciones por los delitos cometidos en contra del Ecuador.

Se encargó a la Comisión de Fiscalización un seguimiento institucional sobre el tema.