El ex presidente argentino Carlos Menem escuchó por medio de una videoconferencia las acusaciones en su contra en el marco de una causa por tráfico ilegal de armas, debido a que argumentó que no podía trasladarse hasta el tribunal por problemas de salud.

Menem, que gobernó Argentina entre 1989 y 1999, enfrenta un juicio oral por firmar decretos durante su mandato que autorizaron la exportación de armas a Venezuela y Panamá, pero que finalmente fueron vendidas a Ecuador y Croacia, países que estaban en conflicto bélico y que eran vedados como destino.

"(La videoconferencia) es una novedad, incluso de las no contempladas en el código procesal, pero creo que es la única manera de poder avanzar y no poner más palos en la rueda en un expediente que tiene 13 años de antigüedad", dijo el abogado Ricardo Monner Sans, querellante en la causa.

El sistema fue usado por primera vez en Argentina para la lectura de cargos, debido a los inconvenientes físicos que adujo Menem para trasladarse. La sesión pasó a cuarto intermedio el viernes y continuará el martes próximo.

"Lo veo muy bien a Carlos Saúl, con lo cual me queda la duda de si era necesario todo esto, pero los médicos dijeron que era necesario y creo que el tribunal en ese sentido fue permisivo para evitar" demoras, señaló Monner Sans a un canal de televisión.

Menem escuchó los cargos desde un edificio público en La Rioja, la pequeña provincia donde nació y donde se desempeñó tres veces como gobernador, mientras que los miembros del tribunal se encontraban en un aula preparada para la ocasión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Entre 1991 y 1995, cuando se concretó el contrabando, Argentina no podía vender armas a Ecuador por ser garante de paz entre ese país y Perú, luego de una guerra que los enfrentó, y Croacia sufría un embargo internacional por el conflicto de los Balcanes.

El cargamento involucrado incluyó misiles antitanque, morteros, granadas de mano, minas terrestres y cohetes, entre otras armas, según documentos judiciales.

El ex presidente estuvo detenido por casi cinco meses en el 2001 por este mismo caso y si bien la pena para este delito contempla hasta un máximo de 10 años de reclusión, Menem gozaría de la prerrogativa del arresto domiciliario por tener 78 años.

Menem, quien actualmente es senador de La Rioja, dejó el Gobierno salpicado de escándalos de corrupción y fracasó en sus intentos siguientes de retornar a la presidencia del país.

Según Monner Sans, desfilarán más de 400 testigos durante el proceso judicial, que podría prolongarse por unos cinco o seis meses "hasta que vengan las sentencias finales".