Chevron-Texaco calificó de fraudulento y sin fundamento científico un nuevo estudio que fija en 27.000 millones de dólares la reparación de los daños causados por la actividad petrolera de esa empresa en Ecuador, dentro del proceso legal en su contra que lleva una corte ecuatoriana.

El perito ecuatoriano Richard Cabrera que presentó el informe entregó el miércoles en la Corte Superior de Lago Agrio un  alcance que aumenta en 11.000 millones de dólares el monto para reparar daños ambientales en la amazonia ecuatoriana, ya que el monto anterior dejó inconforme a los demandantes ecuatorianos.

Un estudio anterior de abril había fijado el monto en 16.000 millones de dólares, por lo que el total ahora es de 27.000 millones de dólares.

Un comunicado enviado por Chevron-Texaco, desde California, señaló que  sin la más mínima prueba o presentación de nuevas evidencias, Richard Cabrera escandalosamente aumentó la cifra que él recomienda debe ser exigida por la Corte ecuatoriana a Chevron en el caso que actualmente se ventila en Lago Agrio.

La Compañía firmemente reitera su posición de que el informe anteriormente presentado por Cabrera incluye daños inventados, no corroborados y que carecen de todo fundamento, destacó.

Añadió que las conclusiones y valoraciones de los supuestos daños  no se basan en ciencia alguna conocida y son absolutamente fraudulentos y que el documento de Cabrera  una vez más confirma su falta de imparcialidad y credibilidad.

El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, dijo este jueves que vamos a presentar a la corte un documento señalando nuestra inconformidad con la cantidad señalada porque no están fijados los montos para la reparación de las aguas subterráneas, los sedimentos de los ríos y los daños a los pueblos de colonos.

Añadió que por más voluminosa que parece la cantidad fijada por Cabrera, finalmente continúa siendo injusta con nosotros.

Ambas partes tienen un plazo de ocho días para recibir alegatos relacionados con el nuevo documento presentado por Cabrera.

Unos 30.000 pobladores de la amazonia ecuatoriana exigen compensaciones económicas por concepto de reparación ambiental y para hacer frente a los daños a la salud que aseguran haber sufrido muchos de los pobladores de las provincias ecuatorianas de Orellana y Sucumbíos, con enfermedades como cáncer, problemas digestivos y de la piel que, incluso, llevaron a la muerte a varios, según sostienen los demandantes.

Texaco operó entre 1972 y 1990 como socia minoritaria (37,5 %) en consorcio que con la entonces empresa estatal CEPE (posteriormente Petroecuador, que asumió operaciones del 100% en 1992).

La demanda se inició el 3 de noviembre de 1993 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero en agosto del 2002 la Corte de Apelaciones de Nueva York sentenció que el caso debía radicarse en cortes ecuatorianas.