La Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero entregó ayer el informe para primer debate de la ley que crea la red de seguridad financiera.

El vicepresidente de la comisión, Diego Borja (antes de ID), resaltó que dos son los puntos fundamentales del proyecto remitido por el Ejecutivo: el primero, donde se establece que las personas que tengan un promedio anual de hasta  $ 800  o cuatro salarios básicos unificados no pagarán comisiones por servicios bancarios.

El segundo se refiere a la condonación de deudas a los clientes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que adeuden cifras inferiores a mil dólares.

Respecto a los servicios bancarios dijo que un estudio realizado determinó que el 84% de los depositantes maneja cifras inferiores a cuatro salarios básicos unificados, es decir, promedian un manejo de cuentas de 100 dólares por mes.

Sobre la condonación, Borja explicó que beneficiará a los deudores de hasta mil dólares, que son 12 mil personas, más del 90% de las deudas pendientes por cobrar de la entidad.

Según el legislador Paco Velasco (PAIS), la condonación ascendería a $ 4 millones, lo que constituye un monto pequeño en comparación con lo que ciertas instituciones financieras deben a la AGD.

La ley crea además el Fondo de Liquidez del sistema financiero ecuatoriano, que actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a instituciones financieras privadas. El Estado tendrá cuatro representantes y la banca, dos.

Antes de presentar el informe, el presidente de la comisión que tramita el proyecto, Jaime Ruiz (PAIS), acudió a la Presidencia. No se confirmó el motivo de la visita. Su entrada al Palacio coincidió con la llegada de los embajadores. También estuvo Rolando Panchana.

Durante el debate del proyecto de ley, la comisión escuchó, entre otros,  a los banqueros, al Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Finanzas,  al gerente de la AGD, Carlos Bravo, quien  explicó que el proyecto contempla la extinción de esa entidad y que podría darse en unos seis meses a partir de la vigencia de la ley.

Plazo
Una vez entregado el informe al Consejo de Administración Legislativa deben transcurrir 72 horas antes de convocar a una reunión plenaria para el trámite respectivo del proyecto.