Ex funcionarios cuestionados en la auditoría pedida por  Gobierno  trabajan   en los multilaterales.

Más de 130 personas fueron señaladas en el informe ampliado de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público como participantes,  algunas “responsables” de la contratación y renegociación de la deuda. Entre ellas hay muertos, fugitivos y autoexiliados.

La investigación va desde la dictadura de 1977 hasta el gobierno del 2006, y la lista incluye a ex jefes de Estado y cónsules. También altos funcionarios, algunos trabajan  en los organismos multilaterales a los que el país adeuda.

Ahora se espera una investigación judicial para establecer responsabilidades, y  los resultados de una asesoría legal para conocer si el país honrará esas obligaciones.

La investigación va desde la dictadura de Alfredo Poveda Burbano, en 1977, hasta el Gobierno de Alfredo Palacio en 2006 y la lista incluye a ex jefes de Estado, cónsules, ministros,  profesionales y asesores de diversas instituciones con decisión sobre la política de endeudamiento.

“La justicia debe establecer las distintas responsabilidades a través de las pruebas recolectadas por la CAIC”,  se recomienda el informe ampliado de 328 páginas.

Las autoridades y funcionarios citados son, según la Comisión, quienes firmaron decretos, resoluciones ministeriales, dictámenes y otros instrumentos para la emisión de deuda, para las refinanciaciones y otras operaciones relacionadas con la deuda ecuatoriana.

En su análisis cronológico, la Comisión señala que entre 1977 y 1979 la dictadura militar recibió créditos por  $ 1.419 millones, cuyo destino no se pudo precisar. “Hubo contratación de préstamos por parte de entidades del sector público, no habiéndose podido individualizar el destino exacto de los fondos”, señala el informe.

La CAIC también asegura que en la dictadura se decidió interpretar, por decreto, normas del Código Civil, que prohibían la prórroga de jurisdicción de la deuda.

Al Gobierno del socialdemócrata Osvaldo Hurtado la CAIC le atribuye la responsabilidad de impulsar la estatización de la deuda privada y  firmar  convenios de crédito con la banca privada extranjera, “con cláusulas lesivas al orden público del país”. Entre 1980 y 1982 contrajo nuevos créditos por  1.710 millones de dólares.

Entre 1976 y 1982, la Comisión destaca la intervención de los bancos extranjeros: Loeb Roades, E.F. Hutton, Citibank, Lloyds Bank, Chase Manhattan Bank y Morgan. Luego fueron menos (Hutton era la cesionaria de Roades en Latinoamérica y se integró al Citigroup. Chase se fusionó con  Morgan).

Una de las acusaciones más fuertes de la Comisión recae en el Gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), a quien responsabilizan por haber “renunciado a los derechos soberanos de Ecuador a solicitar la prescripción de la deuda comercial  y autorizado la suscripción del Plan Brady, que viola el orden jurídico nacional e internacional”. Pero el ex mandatario dice que  “a diciembre de 1992 la deuda  no estaba prescrita” y que  la firma del convenio tolling agreement  evitó demandas masivas contra el país.

Otro capítulo considerado crítico por la Comisión  fue el canje de los bonos Brady y Eurobonos por los Global 2012 y 2015, hecho en el año 2000, cuando Gustavo Noboa  llegó a la Presidencia tras el derrocamiento de Jamil Mahuad.

En cada gobierno hay una lista de autoridades, altos funcionarios y asesores que tomaron decisiones sobre el endeudamiento (ver gráficos).

Tras precisar las supuestas responsabilidades,  el informe de la CAIC señala: “Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, todos los presidentes han sido responsables globalmente de todo lo ocurrido con el endeudamiento durante sus respectivos períodos”.

Desde 1983 hasta 1986, el estudio Coudert Brothers, representado por Ronald W. Golberg, fue contratado para la defensa del país en Nueva York. “Al contrario de defender los intereses del Ecuador, quien le pagaba, Coudert Brothers sirvió de intermediario del Lloyds Bank para la instrumentación del tolling agreement, dice la CAIC.

Desde 1983 hasta 1985  el Lloyds Bank International Co. fue contratado como agente coordinador. En 1986 este rol lo cumplió el Citibank.
El informe cita a firmas legales contratadas para la defensa ecuatoriana en los 30 años investigados: Cleary Gottieb Steen Hamilton, Pérez Bustamante & Pérez, Sullivan & Cromwell LLP, Deutsche Bank JP Morgan, JP Morgan/ Chase Manhattan, Euro Clear/Cedel Bank.

Cifras

$ 7.130
Millones. En ese valor fue superior al pago de intereses y mora de deuda comercial a los préstamos recibidos entre 1976 y 2006, según datos atribuidos al Banco Central.

$ 720
Millones. Saldo por pagar a los organismos multilaterales por 45 créditos cuestionados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.