Algunos ex ministros de Finanzas y gerentes del Banco Central  ocupan desde hace varios años importantes cargos en los organismos multilaterales.

Por ejemplo, la ex presidenta de la Junta Monetaria y ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, tras la emisión de una orden de prisión en su contra, por el congelamiento de depósitos en el gobierno de Jamil Mahuad, se refugió en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde ocupa un cargo importante. Igual destino tuvo Augusto de la Torre, cercano colaborador de Armijos desde la gerencia del Banco Central.

El propio Jamil Mahuad es catedrático en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, luego de ser derrocado de la Presidencia  y abandonar el país.

El ex gerente del Central, Mauricio Yépez, es el segundo a bordo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), desde hace algunos años.

Aunque no se pudo precisar nombres, otros implicados, principalmente del periodo de la dictadura militar, ya  habrían fallecido.

El ex vicepresidente Alberto Dahik se autoexilió en Costa Rica;  el ex presidente de la Comisión Renegociadora de la Deuda, Jorge Gallardo, está en Estados Unidos, al igual que los demás miembros de dicha comisión, tras la emisión de órdenes de prisión en su contra.

Otros de los señalados como “responsables” en el informe de auditoría de la deuda externa, que se difundió la semana pasada, mantienen su residencia en Ecuador, como los  ex presidentes Sixto Durán-Ballén, Gustavo Noboa Bejarano, Osvaldo Hurtado, entre otros ex funcionarios.

Las acciones que puede emprender el Gobierno para sancionar sobre los cientos de señalados o  “la estrategia de defensa en última instancia la define el presidente (Rafael) Correa. Eso lo hará luego de que juristas nacionales e internacionales den su opinión y avalen el primer informe oficial. Lo seguro es que nadie quedará impune”, sostuvo un asesor presidencial que prefirió  el anonimato.