Con una disposición transitoria  incluida en el proyecto de reglamento para la fiscalización, el bloque PAIS pretende evitar destituciones de funcionarios.

Mañana está previsto que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) apruebe el proyecto que define las normas para que un legislador pueda fiscalizar y enjuiciar a una autoridad. El texto, elaborado por el CAL y puesto a consideración de los 76 legisladores para que hasta hoy presenten observaciones, dejará sin efecto todas las solicitudes de información y de comparecencia realizadas.

Mónica Rentería, coordinadora de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, fue la primera funcionaria a la que se solicitó información sobre contratos para la compra de armas e incumplió con el artículo 34 del estatuto de funcionamiento de la Comisión Legislativa, aprobado vía mandato, que obliga a presentar lo requerido en cinco días.

Su destitución fue solicitada por Nelson López (PAIS) y Galo Lara (SP), miembros de la Comisión de Contratación Pública y Transparencia.
Según Lara, con una transitoria se la pretende salvar de la destitución.

Martha Roldós (RED) pidió información al ministro de Minas, Derlis Palacios, sobre la renegociación de contratos petroleros, y a gente de Petroecuador y de Hidrocarburos. El plazo vence este miércoles.

El proyecto también amplía de cinco a 15 días el plazo para presentar información solicitada y anula la posibilidad de integrar una comisión de fiscalización específica para investigar la acción pública al determinar que los 76 asambleístas lo harán desde sus comisiones.