La semana pasada terminó con una noticia alarmante: Brasil llamó a consultas a su embajador en Quito a raíz del juicio arbitral presentado por Ecuador en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, en que se solicitó suspender el pago de una deuda contraída por el país con el Bndes de Brasil. Recordemos que hace pocas semanas el Canciller Amorin había señalado la posibilidad de prohibir importaciones desde nuestro país, ante la posibilidad de que el país no pague dicha deuda, que sirvió para la construcción de la Hidroeléctrica San Francisco por parte de Odebrecht.
Lo cierto es que estas medidas tomadas por el país, tanto contra la empresa constructora, como ahora contra el Bndes, fue hecha sin al menos prevenir al Gobierno brasilero de que se había tomado esas decisiones. La nota brasilera reclama algo usual en las relaciones entre los estados: que la medida “fue anunciada en un evento público sin previa consulta o notificación al gobierno brasileño”. Ello parece señalar que hay una fuerte desconexión entre diversas instancias de nuestro Gobierno, para que medidas tomadas, en este caso por el Fondo de Solidaridad, no se produzcan con un mínimo de coordinación con la cancillería. Esto se ha convertido en una suerte de hábito del Gobierno y sus diversos responsables: tomar decisiones en función exclusivamente de razones internas, sin considerar sus implicaciones internacionales y sin coordinar con el Ministerio responsable de dichas relaciones.
El caso del conflicto con Brasil resulta más sorprendente aún, considerando que es un aliado importante del país, una fuente de solución para algunos de los conflictos del país, como el reciente con Colombia; que es un país con el que hemos definido planes importantes como el enlace multimodal Manta-Manaos, con quien se acordó acelerar el ritmo de reducción arancelaria para varios cientos de productos, que discutimos con ellos cooperación en materia de biocombustibles, para citar solo algunos planes.
Sorprende más aun, si consideramos nuestra vocación regional. La Constitución votada mayoritariamente por los ecuatorianos señala con claridad nuestra prioridad por la integración latinoamericana y lo establece como un objetivo estratégico del Estado. El artículo 423 señala varios compromisos del Estado, entre ellos “el impulsar la integración económica equitativa, solidaria y complementaria; y el comercio regional, con énfasis en el valor agregado.” En el artículo 422 se exceptúan de la regla general que limita el arbitraje internacional sobre controversias contractuales entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas extranjeras, a aquellas entre el Estado y ciudadanos latinoamericanos, pudiendo hacérselo “en instancias regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios.”
Contrasta esto con los principales conflictos internacionales que tiene el país en este momento, estos son con Colombia y con Brasil. Si bien en el primer caso no se trata de una controversia contractual, cabe preguntarse si la solución de nuestras diferencias no requiere algún tipo de arbitraje regional. En el segundo caso, hubiese sido adecuado informar a Brasil de nuestra intención y haber buscado un sistema de arbitraje regional o al menos haber definido el organismo de arbitraje junto con ese país.
Con eso se demuestra que entre el dicho: el texto constitucional y las declaraciones políticas, y el hecho, hay en nuestro país, mucho trecho.