El 57,9% de los recursos provenientes de la emisión de bonos de deuda  interna sirvió para pagos del endeudamiento público externo e interno.

Ese es uno de los mayores hallazgos que señala la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), dentro del informe general de la deuda pública que se conoció esta semana.

Sin embargo, la Comisión no encontró indicios de ilegalidad, sino  de ilegitimidad.

Según el informe, la emisión de bonos desde 1984 hasta 2006 estuvo destinada a cubrir la deuda externa privada refinanciada a través de la sucretización, la reestructuración de la deuda pública externa y a cubrir los saldos de la deuda pública interna. Entre tanto apenas un 13% fue destinado para obras de infraestructura.

Este manejo habría sido el causante de un aumento desproporcionado de la deuda interna que creció de $ 256 millones a $ 2.224 millones, solo  entre 1992 y 1996 y que luego volvió a subir en 1998 (año del salvataje bancario) de $ 2.754 a $ 3.277 millones en el 2006.

Las cifras demuestran que los procesos de renegociación de deuda externa sucedieron luego de profundas crisis económicas financieras, cuando se consideraba que el endeudamiento interno atenuaba los problemas.

Sin embargo, no solo el déficit fiscal obligaba a la emisión de bonos, sino que había una obligación por parte de los programas de ajuste de los organismos internacionales.

En este sentido, el informe también señala que la banca privada nacional e internacional aprovechó la coyuntura de liberalización de tasas para adquirir bonos correspondientes a decenas de decretos, lo que permitía cobrar elevados intereses cada tres meses por la copra de bonos.

Entre los principales tenedores la Comisión de Auditoría  nombró a CitiBank, Lloyds Bank y empresas como Hidalgo & Hidalgo.

De otro lado, el informe indica que con la emisión de bonos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que sirvió para el salvataje bancario, el “Estado se transformó de acreedor de la banca privada en deudor del Banco Central (BCE)”.

BONOS AGD
En este sentido, en estos días se discute en el ‘Congresillo’ la posibilidad de transferir esos bonos, que ahora están en manos del  Central, al Ministerio de Finanzas. Para ello se ha planteado que se ubique un precio 0 a los bonos.

 Marcos López, miembro del directorio del Central, explica que la emisión de unos $ 1.400 millones de la Ley 9817 fue para pagar la garantía de depósitos de la AGD. Actualmente el BCE posee $ 1.085 millones.

 López advirtió los peligros de anular esos bonos al ponerle precio 0.
“Esos bonos, siendo una deuda interna, constituyen la única prueba real de endeudamiento que tienen los banqueros con el Estado”. Es decir que si se los pone a valor nulo, se dejarían insubsistentes las deudas de los banqueros.

Durán-Ballén
Dentro del informe se critica el decreto 1349 de diciembre de 1993, por el cual se transformó deuda externa en interna. El monto fue por
$ 909 millones. Los suscriptores del decreto fueron el ex ministro César Robalino y el ex presidente Sixto Durán-Ballén.

Lucio Gutiérrez
El decreto 1788 por $ 1.035 millones suscrito por Mauricio Yépez, Leopoldo Báez, ex funcionarios del Banco Central del Ecuador, y Lucio Gutiérrez, ex presidente de la República. El principal tenedor es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).