Rafael Correa acaba de arrebatarles a 250.000 empleados públicos una parte importante de su jubilación.

La historia es como sigue (evito la terminología técnica para no aburrirlos): durante décadas, el Estado permitió que las jubilaciones de los empleados públicos se hagan polvo. El resultado, a la larga, fue que señoras maestras o los conserjes de la Superintendencia de Bancos que habían entregado su vida a la función pública estaban en riesgo de sobrevivir con menos que una miseria. En lugar de corregir el problema como se debía, es decir mejorando los aportes de los empleados públicos (nunca lo hicieron porque el FMI se los prohibió), a algún kikuyo se le ocurrió la brillante idea de crear fondos especiales que ayuden a cubrir el hueco.

El mecanismo no era desde luego el más lógico.

Se produjeron además importantes desigualdades. La jubilación de los maestros no se equipara a la de muchísimos otros empleados de  instituciones  autónomas.

Pero la solución a una estupidez no debería consistir en darle con un palo en la cabeza al inocente. Con el decreto de Correa los que pagarán no serán los ministros que mantuvieron ese sistema (algunos de los cuales hoy colaboran con la Revolución Ciudadana en cargos muy importantes). Sufrirá gente que no hizo más en su vida que romperse el lomo para servirnos, a veces bien, a veces mal; a veces con gusto y a veces con mala cara, pero siempre sin enriquecerse, de tal modo que hoy están a punto de quedarse en la vía, porque si con los aportes que Correa les ha quitado les iba mal, ahora estarán peor.

El Presidente debe derogar ese decreto ya. ¿Que no va a pagar la deuda externa ilegítima? Ojalá. Me alegraré si lo hace. Mientras tanto, la deuda social sigue siendo un compromiso de honor para nuestra democracia. Declarar su moratoria –como está haciendo Correa con este decreto– es una acción innoble, injusta e ilegal.

Por supuesto que hacer cambiar de opinión al Presidente será difícil. Los maestros ya no tienen la importancia que tenían en época electoral. Hoy el Presidente, en medio de una crisis financiera mundial y asustado porque se acabó la fiesta del petróleo caro, vuelve su mirada hacia ciertos empresarios que miran a su bolsillo, y que para pactar con la dictadura están dispuestos a olvidar el asalto a la Junta Bancaria, Dayuma, el juicio a La Hora, los insultos a Guayaquil y el par de carajazos que ellos  mismos  tuvieron  que aguantar.

Para que vean ustedes, lo que siempre dijimos: hay pelucones y pelucones. Unos son víctimas de Correa; otros, están con él.

Los maestros ni siquiera pueden esperar ayuda de la izquierda que siempre dijo defenderlos, aunque en realidad lo que hacía era prostituir su profesión. Hoy esa izquierda está empeñada en seguir disfrutando de los goces del poder. Es bonito ser legislador, o ministro, o subsecretario. Ingresar al Congreso o al Palacio de Gobierno por la puerta principal y que los policías se te cuadren. Tener secretaria (incluso puede ser buenamoza, como la de Eduardo Paredes). Almorzar de tanto en tanto en el Palacio de Gobierno, servido por el chef belga.
¿Quién tiene tiempo con ese tren de actividades revolucionarias para defender al estúpido maestro que ya votó y que ahora se queja?

Derogue ese decreto, señor Presidente. Hágalo ahora. Luego, con calma, mientras le sirven un ratatui a la belga, consulte con sus asesores otra solución.