El gobierno boliviano suspendió este domingo el estado de sitio decretado tras disturbios violentos en Pando, una región amazónica al norte fronteriza con Brasil, pero reforzó la presencia de militares y policías, informó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Sin embargo, el ex prefecto (gobernador) de esa departamento, Leopoldo Fernández, permanecerá detenido en un penal de La Paz a la espera de un juicio por la muerte de campesinos el mes pasado.

El estado de excepción en Pando se prolongó por 72 días y fue levantado mediante decreto para facilitar el proceso electoral del referendo del 25 de enero, cuando los bolivianos acudirán a las urnas para aprobar o rechazar un proyecto de constitución.

La Corte Nacional Electoral había advertido que suspendería la consulta si el gobierno no levantaba la medida.

Se levanta el estado de sitio desde las cero horas del domingo, dijo Rada poco antes que expirara la medida. El viernes, el vicepresidente Alvaro García anunció que 3.500 militares y otros 200 policías controlarán la seguridad interna para garantizar la paz en esa región.

De los 35 detenidos por el estado de sitio, 20 recobrarán su libertad y otros 15 fueron imputados por su supuesta intervención en los choques de septiembre, cuando murieron 19 personas según el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín. La mayoría eran campesinos leales a Morales, agregó.

El estado de sitio fue decretado en septiembre, tras incidentes en los que supuestos funcionarios y seguidores del prefecto Fernández repelieron a disparos una caravana de campesinos oficialistas. Entre los fallecidos también hubo dos funcionarios.

Una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que investigó los hechos concluyó que se trató de una  masacre, pero su informe recién será entregado esta semana a la presidenta temporal del bloque, la mandataria de Chile, Michelle Bachelet.

Los disturbios en Pando fueron parte de una ola de protestas opositoras que el presidente Evo Morales calificó como un  golpe civil de la derecha destinado a derrocarlo.

Como consecuencia de ello, el mandatario expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, a quien acusó de injerencia y confabular con sus opositores.

La crisis política, sin embargo, forzó una negociación que derivó en la convocatoria a referendo constitucional y podría llevar a elecciones generales en diciembre si la constitución es aprobada.