Un informe del Banco Central del Ecuador indicaría que entre 1989 y 1992 el Ecuador sí realizó pagos parciales sobre la deuda comercial, contrario al informe de la Comisión de Auditoría del Crédito Público que denunció que el país renunció unilateralmente a la prescripción de la deuda comercial al haber buscad renegociar en el gobierno de Sixto Durán-Ballén.

En el informe, mostrado por una fuente que prefirió la reserva, se indica que a partir de 1987 el Ecuador suspendió los pagos del servicio de la deuda con la banca internacional por  la crisis por la caída de los precios del petróleo en 1986.

En julio de 1989 se reanudaron los pagos, que cubrieron una facción de los intereses devengados, que fueron de $ 82 millones en 1989, $ 200,5 millones en 1990, $ 141,7 millones en 1991 y $ 66 millones en 1992.

El ex presidente Durán-Ballén, como parte de su defensa al haber sido acusado directamente por la Comisión, indicó mediante un comunicado que “a diciembre de 1992 la deuda externa no estaba prescrita”.

Además, indicó que el convenio tooling agreement  evitó demandas masivas de los acreedores en contra del país y, por lo tanto, daños irreparables al Ecuador y a sus ciudadanos.

Ayer, en Contacto Directo, de Ecuavisa, Durán-Ballén dijo que el haber sido incluido en el informe podría obedecer a asuntos políticos y cuestionó que se haya omitido al ex presidente Rodrigo Borja.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, explicó que se pueden tomar dos medidas en torno al informe de la deuda: la investigación a cargo del Ministerio Público y acciones internacionales que le corresponden a la Procuraduría. “El Ecuador lo que puede hacer es suspender el pago hasta que los jueces competentes diriman esta controversia. Hay un tramo de la deuda que notoriamente es ilegal, y que son $ 7 mil millones, porque esa deuda se venció ya y fue renovada después del vencimiento”.

Agregó que el Gobierno no está dándoles responsabilidad ni al ex presidente Gustavo Noboa, porque no consta en el informe que él haya tenido responsabilidad, ni a Durán-Ballén. “No, él (este último) no autorizó esa barbaridad que cometieron los ministros de Finanzas de entonces”.

El presidente del ‘Congresillo’, Fernando Cordero (PAIS), aclaró que cuando se concedió la amnistía a Noboa se dejó abierta la posibilidad de que se inicie una auditoría sobre la deuda externa, por lo tanto, la amnistía no exime de responsabilidades que podrían haber en el informe.
“Habrá que ver si el ex presidente Noboa tiene o no alguna parte en este proceso del último tramo de la negociación de los bonos Brady”.
El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, declaró que en el caso de Noboa el Gobierno entiende “claramente” que el proceso de amnistía incluía fundamentalmente el traspaso de bonos para la capitalización del Banco del Pacífico “y no los otros juicios que el ex presidente tenía”.

Abogados
El presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero (PAIS), manifestó que habrá que contratar abogados en Nueva York para ir a “pelear” en las leyes de Estados Unidos. La Contraloría y la Procuraduría tendrán que hacer lo correspondiente, inclusive pensar en actos de repetición para los culpables.

Defensa
María Victoria Serrano, ex cónsul en Inglaterra, quien ha sido nombrada en un informe ampliado de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) por haber firmado acuerdos, rechazó el informe.

Ministro involucrado
El ex mandatario Sixto Durán Ballén negó que el ministro de Finanzas (e) en su gobierno, Sebastián Pérez Arteta, haya sido miembro del bufete jurídico Pérez Bustamante, que defendía a los acreedores, como lo indica el informe de la comisión.

Opiniones

Gustavo Larrea
MINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA
“Ellos (los ex presidentes Gustavo Noboa y Sixto Durán-Ballén) a mi criterio no tienen nada que ver en el proceso”.

Sixto Durán-Ballén
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
“Del 76 al 2006 hay más de una docena de presidentes. ¿No hay algo político en que solo hemos sido seleccionado cuatro?”.

Ricardo Patiño
MIN. COORDINADOR DE LA POLÍTICA
“El Gobierno, el Ejecutivo no es quién para decir si están inmunes o no (los ex funcionarios que constan en informe)”.