La ex ministra de Economía Magdalena Barreiro lamenta que el presidente Rafael Correa no haya manejado el informe sobre la deuda conforme a las disposiciones de la nueva Constitución.

Se refiere al literal 5 del art. 290 que establece: “Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada se ejercerá el derecho de repetición”.

Otra cosa que llama la atención  de la ex ministra –que en el 2005 fue subsecretaria de Finanzas designada por Correa– es que el Gobierno haya suspendido el pago de $ 30,6 millones por los intereses de los Global 12 y haya generado dudas sobre futuras obligaciones antes de contar con la opinión de juristas internacionales.

“Habría sido mejor que paralelamente a la Comisión trabajen esos juristas y determinen las supuestas ilegalidades, lo cual avalaría cualquier acción del Gobierno; de lo contrario, se puede causar graves daños al país”, comenta. Además considera que el informe fue hecho por “gente de Jubileo 2000, que tiene una idea preconcebida, lo cual le resta objetividad”.

¿Qué le parecería al presidente Correa si un equipo de personajes defensores del neoliberalismo analiza la política económica de su Gobierno?, pregunta Barreiro.

En su informe, la comisión de auditoría responsabiliza a la Contraloría de no haber realizado un análisis posterior a los contratos crediticios de las tres décadas investigadas.

Marcelo Merlo Jaramillo, ex contralor del Estado, aunque aclara no conocer el alcance del informe sobre la deuda, aseguró que la Contraloría no tiene   responsabilidad alguna.

“En las diferentes épocas  los responsables han sido el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria y el BCE, todos bajo las directrices del Ejecutivo”, comenta. Ahora, dice el ex contralor, a la Contraloría le compete auditar el destino de los créditos externos, que al ingresar al Presupuesto se convierten en fondos públicos.

“La Contraloría verifica la calidad de las obras y el buen uso de los recursos públicos, pero no está facultada para frenar un proceso de endeudamiento a fin de verificar su legitimidad, porque frenaría los planes de desarrollo para los cuales se supone que se endeudan los gobiernos”, afirma Merlo.