Pese a que entre enero del 2007 y octubre del 2008, el gobierno de la Revolución Ciudadana recibió créditos por $ 567 millones y pagó intereses y amortizaciones por unos $ 4.000 millones, la investigación sobre la deuda no incluye esos tramos.

Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), señala que el año pasado, pese a las críticas, el Gobierno destinó $ 2.642 millones para cubrir intereses y amortizaciones de la deuda comercial (Bonos Global), multilateral y bilateral.

El rubro incluye $ 61,2 millones en intereses de los bonos Global 12; $ 60,9 millones por los Global 15 y $ 270 millones por los Global 30. Total: $ 392 millones.

Entre enero y octubre de este año se pagaron $ 1.357 millones por servicio de la deuda, de los cuales $ 331 millones correspondieron a intereses de los tres tipos de Global.

En este periodo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) desembolsó  $ 501 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) $ 66 millones.

A Julio José Prado, director del Instituto de Investigaciones Económicas (IDE), le preocupa que la suspensión del pago de intereses por $ 30,6 millones de los bonos Global 12 y las acusaciones de ilegalidad e ilegitimidad  tras la divulgación de los resultados del informe de la Comisión, por parte del presidente Rafael Correa, estén beneficiando a especuladores financieros.

Ayer, por ejemplo, el riesgo país bordeó 4.500 puntos y la deuda ecuatoriana registró un castigo mayor al 70% de su valor nominal.

“En estas ocasiones los especuladores adquieren esos papeles con la idea de sacar una jugosa utilidad, en caso de que no se cumpla la amenaza del Gobierno de no pagar la deuda”, dice Carrera.

Si aquello ocurre, Prado advierte que podría repetirse un episodio similar al de inicios del 2007, cuando el Gobierno anunció un diferimiento del pago de intereses de los G12, que finalmente no ocurrió, pero causó una reducción del precio de esos papeles en el mercado internacional.

Según denuncias planteadas por la ex diputada Gloria Gallardo, que permanecen sin resolución en las cortes locales, bancos venezolanos, que habrían recibido información privilegiada de Ecuador sobre el cumplimiento de ese pago, habrían adquirido deuda castigada y obtenido una millonaria ganancia. Esto dio lugar al escándalo de los llamados Pativideos, en los que el entonces ministro de Finanzas y actual ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, hacía una supuesta negociación con representantes de tenedores de deuda.

¿Qué investigación hizo al respecto la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC)? Su coordinador, Hugo Arias, explica: “Ese ámbito no fue objeto de nuestro estudio. Tiene relación con una investigación que el ex ministro Patiño realizó para descubrir el modus operandi de los acreedores. Luego se armó el escándalo y no sabemos más”.

El ex subsecretario del Ministerio de Economía (en el gobierno de Lucio Gutiérrez) y analista de LRG Consulting, Ramiro Galarza, sostiene que la exclusión de la deuda contraída y de los pagos realizados por el gobierno de Rafael Correa evidencian “el abuso del poder, actitud que es característica de los gobiernos autoritarios y dictatoriales”.

Señala que “es asombroso que no hayan investigado lo de los Pativideos, pero los poderosos hacen lo que les da la gana”.

Además, Galarza percibe que la actual administración está enviando al mercado internacional señales confusas y contradictorias.

“Al mismo tiempo que el presidente Correa habla de que la deuda es ilegal, corrupta y pone en duda el pago, el ministro Ricardo Patiño habla de renegociar y el ministro Pedro Páez pide a los acreedores que se acerquen a conversar. Parece que se dieron cuenta de que se metieron en un problemón y quieren dar marcha atrás”, enfatiza.

Inversión
Julio José Prado, director del Instituto de Investigaciones Económicas (IDE), advierte un grave impacto en la inversión, pues explica que si el riesgo país es de 4.500 puntos, los inversionistas exigirán una rentabilidad adicional para arriesgar sus capitales en Ecuador.

Inversiones
Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el impacto del actual manejo de la deuda es la pérdida de credibilidad del mercado y de los agentes del sector productivo. Esto, a su vez, se traduce en menores posibilidades de generar  empleo y emprendimientos.