Hugo Arias, de la Comisión Auditora, dice que “por falta de tiempo” no se incluyen datos de los periodos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez. Sixto Durán-Ballén denuncia politización.

El documento final sobre la deuda, presentado de manera oficial el jueves pasado, no incluye toda la información que obtuvo la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

Por ejemplo, los resultados de la investigación durante los gobiernos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez, así como la lista de todos los funcionarios que participaron en los supuestos actos ilícitos.

“Queda abierta la posibilidad de hacer auditorías posteriores a periodos donde no se hayan realizado aún”, dijo ayer, en Carondelet, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

El Gobierno niega que exista un sesgo político en la elaboración del informe.

Ministra deja abierta posibilidad de hacer auditorías posteriores a periodos que falten.

El informe de la auditoría de la deuda que el presidente Rafael Correa entregó el jueves último no incluye a los gobiernos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez.

Según Hugo Arias, coordinador de la Comisión de Auditoría, aquello obedeció a que el principal criterio de selección fueron los montos de los créditos y renegociaciones que resultaron más perjudiciales.
“Concentramos el análisis en los tramos comercial, multilateral y bilateral que presentaron mayores irregularidades, pero también investigamos lo ocurrido en esos otros gobiernos, que hicieron conversiones de deuda por obra social, recompra de deuda interna y otras acciones que por falta de tiempo no pudimos incluir en el informe del Presidente”.

Arias sostiene que esa información consta en los anexos entregados a la Contraloría y a la Fiscalía.

El fiscal Washington Pesántez informó ayer que un equipo multidisciplinario de la Fiscalía investigará los resultados de la auditoría.
Esa tarea se irá “estructurando lo que conforme al debido proceso será una indagación previa”. No descartó el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Contraloría.

Agregó que para ello es imprescindible contar con la Corte Nacional de Justicia porque “estamos investigando personas que gozan de fuero (de corte). Los únicos jueces que pueden dictar medidas cautelares hipotéticas reales y personales en este caso es la CNJ”.

Pesántez manifestó que la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, entregó 17 cartones a los organismos de control con miles de documentos que se basan en la ayuda memoria entregada por la Comisión de la Deuda.

El Gobierno contrató un estudio jurídico estadounidense para que analice los alcances del informe. Sin embargo, Ricardo Patiño, ministro coordinador de la Política, se negó a dar el nombre del estudio, respondiendo entre sonrisas: “(eso) no importa y no le vayan a hacer preguntas a ese estudio, déjenlo así, hagan su trabajo con tranquilidad”.

Viteri explicó que dicho estudio dará las recomendaciones técnicas y jurídicas sobre lo encontrado por la Comisión. El costo de la contratación aún es desconocido, pero la ministra adelantó que “son juristas que tienen ya algún tipo de vinculación con el Gobierno”.

Patiño insistió ayer en que “no es el Gobierno el que va a perseguir a nadie” y que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría son los que determinarán si es necesario abrir un proceso a partir del contenido del informe.

Respecto a la posible falta de investigación a periodos, como el del ex presidente Rodrigo Borja, Viteri manifestó que el proceso de auditoría debería continuarse. “A mí me parece que debemos auditar todo, más aún a partir de los resultados que hemos tenido (...). Queda abierta la posibilidad de hacer auditorías posteriores a periodos donde no se hayan realizado aún”, aseguró la Ministra.

Viteri agregó que en vista de la “indignación” que el informe de auditoría ha generado en la ciudadanía, el Gobierno debe buscar la forma de “castigar” o, en todo caso, rechazar rotundamente toda deuda ilegal, ilegítima y corrupta”.

El informe divulgado el jueves por el Primer Mandatario tampoco incluye la lista completa de funcionarios responsables de los supuestos actos ilegítimos ni las recomendaciones de suspender el pago y declarar ilegal e ilegítimos algunos tramos de la deuda comercial, multilateral y bilateral.

Arias explica que dicha información, que sí consta en un informe ampliado, de 238 páginas al que EL UNIVERSO tuvo acceso, no se incluyó en el informe entregado por Correa porque debe ser divulgada cuando se cuente con la opinión del equipo de juristas internacionales que analizan el tema.

“La lista de responsables y las recomendaciones de la Comisión suponen procesos jurídicos, acciones legales y decisiones políticas, que serán decididas por el presidente Rafael Correa, en el momento oportuno”, explicó Arias.

Cifras

4.493
Riesgo país. A estos puntos llegó el indicador el jueves pasado, cuando el Gobierno oficializó el informe de auditoría de la deuda externa.

18
Veces. Es el crecimiento de la deuda pública entre 1976 a 1982. Pasó de $ 161,1 millones a $ 2.904,5 millones.

1.557
Millones. Es el monto en dólares de las pérdidas por el diferencial cambiario durante la sucretización, según el informe de la deuda.

1.175
Millones de dólares. Este era el monto inicial de la deuda en 1976. En el 2006 llegó a  $ 14.146 millones.