Argentina confirmó esta semana el rumbo estatista de su economía, con la sanción de una ley que transfiere los fondos privados de pensión al Estado y el impulso a un plan para expropiar las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.

El Parlamento sancionó la noche del jueves la ley de estatización de las jubilaciones privadas que creó un régimen estatal único que absorberá unos 23.000 millones de dólares en poder de diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) además de los 4.500 millones que aportan anualmente los afiliados al sistema privado.

Los rendimientos de esos fondos cayeron a pique a raíz del derrumbe de bonos y acciones por la crisis financiera mundial.

La iniciativa, que sepultó el sistema jubilatorio privado creado en 1994, se concretó el mismo día en que legisladores oficialistas elaboraron un proyecto de ley para expropiar las endeudadas Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, que el grupo español Marsans dejó de operar en julio pasado. Ayer, la justicia argentina ordenó la intervención de ambas aerolíneas.

La estatización del sistema de pensiones, aunque aliviaría la presión financiera, podría convertirse en un arma de doble filo para la presidenta Cristina Fernández.

La estatización alienta muchas dudas sobre qué derechos de propiedad y derechos adquiridos va a respetar el Gobierno y cuáles no, lo que reduce las expectativas de inversión no solo de los grandes empresarios sino también de la gente común, coinciden analistas.

 La estatización, que según la presidenta Fernández busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que han sufrido las AFJP por la crisis financiera global, es interpretada por analistas y opositores como un manotazo destinado a financiar los vencimientos de deuda de los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares.