Presidente oficializa hoy informe de auditoría, que sugiere nulitar algunos créditos.

Repudiar, declarar la nulidad o ilegitimidad y ordenar la suspensión definitiva de un saldo por pagar de $ 720 millones correspondientes a 45 créditos de organismos multilaterales es otra de las recomendaciones de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público Ecuatoriano (CAIC).

Según el informe de la Comisión, que hoy será dado a conocer por el presidente de la República, Rafael Correa, los 45 préstamos incluyen tres créditos bilaterales cofinanciados, que suman 2.475 millones de dólares.

El monto corresponde a créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Fondo para el Desarrollo Agropecuario (FIDA).

“Existen pruebas suficientes para repudiar los préstamos que conforman el grupo examinado de la deuda multilateral e iniciar procesos de anulación y reivindicación soberana”, señala el informe.

De las 45 operaciones auditadas, según la CAIC, 12 estarían relacionadas con la implementación en Ecuador del Plan Brady, que establecen condicionamientos y destina recursos para la inserción del modelo del libre mercado. “En actos concertados, tres créditos del BID se firman el 8 de diciembre de 1994; cuatro del Banco Mundial (BM) y uno del BID se suscribieron el 10 de febrero de 1995; ese mismo mes, el FLAR aprueba otro crédito, y un mes después Japón concedió tres créditos cofinanciados con el FMI, el BM y el BID”.

Según concluye la Comisión, gran parte de esos recursos, desde inicios de los ochenta, fueron destinados, además del Plan Brady, para financiar la reducción del tamaño del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva, “a espaldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales”.

“Es bajo la presidencia de Sixto Durán-Ballén cuando se admite con fidelidad los contenidos de la doctrina neoliberal, compilada en  el recetario del Consenso de Washington. Fue en realidad el vicepresidente de ese entonces, Alberto Dahik, quien ejerció el liderazgo estatal en materia económica”.

Asimismo, la Comisión sugiere al Gobierno impulsar una auditoría integral de otros 286 créditos por un monto total de $ 12.500 millones, contraídos durante tres décadas, comprendidas entre 1976 y 2006.

Este grupo no fue parte de su análisis y, por tanto, plantea declarar la suspensión temporal del pago hasta establecer su legitimidad o ilegitimidad.

Además, la CAIC acusa a los multilaterales de “distraer su misión y promover sistemas de endeudamiento desleal con sus países miembros. Estos organismos se asociaron para salvar deudas ilegítimas como las negociadas en el Plan Brady, sin escatimar desvíos y distorsiones en el destino de los créditos”, señala el documento.

Por ello, la Comisión acusa a los multilaterales, en especial al FMI y al BM, de manipular y condicionar al país en la fase precontractual, al elaborar documentos que “aparecen como decisiones libres y voluntarias del país”. Tal es el caso de las medidas de ajuste, requisito si ne qua non para lograr un acuerdo  stand by  con el FMI, que abría las puertas de las demás multilaterales, excepto la CAF; y la banca de inversión.