Hoy se cumple el primer mes de vigencia de la Carta Magna sin que se ejecuten mandatos.

Hoy se cumple el primer mes de vigencia de la nueva Constitución y, con ello, vence el primero de los plazos establecidos en ella: la disposición transitoria vigésimo cuarta da al Ejecutivo 30 días para conformar una comisión que efectúe una auditoría de la concesión de las frecuencias de radio y televisión.

El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, y el presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), fueron delegados por el Jefe de Estado, Rafael Correa, para cumplir con ese mandato.

Borja comentó que la comisión tendrá cinco miembros y que ya tiene algunos nombres, pero no quiso adelantarlos.

Un mes después de su publicación en el Registro Oficial, todavía no se han hecho efectivos algunos de los derechos consagrados en la Carta Magna, como la gratuidad de la salud y de la justicia, así como la seguridad social de las amas de casa.

Aminta Buenaño, vicepresidenta del ‘Congresillo’, dijo que el régimen ya está trabajando en la institucionalidad y los mecanismos para que estos se cumplan: “El Gobierno trabaja a conciencia y criterio. Todo requiere un proceso. En menos de un mes no se puede poner a correr una Constitución”.

Buenaño comentó, en cambio, que el ‘Congresillo’ está avanzando en la preparación de las leyes que servirán para desarrollar los principios constitucionales, aunque las comisiones recién empezaron a trabajar esta semana.

Los problemas administrativos ha impedido que el trabajo fluya, según Marcos Martínez (PAIS). Recién el viernes anterior el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) autorizó la contratación de los asesores y en esta semana podrán incorporarse al trabajo.

Julio Logroño (SP) indicó que se supone que los principios constitucionales están vigentes, aunque no se fijen plazos para implementarlos.

Logroño dijo que ya se han producido dos violaciones del texto constitucional: la autoproclamación del Tribunal Constitucional en Corte Constitucional y la designación de varios entes, como la Función Electoral, sin concurso.

Además, mencionó dos incumplimientos del Régimen de Transición: la integración de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

LO QUE SE SABE

Contratos petroleros
El ministro de Minas y Petróleo, Derlis Palacios, debe responder hasta el próximo miércoles un banco de 38 preguntas realizadas por la legisladora Martha Roldós (RED), sobre la renegociación de los contratos petroleros.

Roldós  anunció ayer el proceso de fiscalización, porque a su criterio existen serias presunciones de irregularidades que estarían afectando a los intereses nacionales en el tema petrolero.

La fiscalización se extiende también al presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Jaramillo, que tiene que responder 38 preguntas y 87 pedidos de información, y a su hijo, Patricio Jaramillo, director nacional de Hidrocarburos, quien debe evacuar 29 preguntas.

El procurador del Estado, Diego García, también fue notificado con 8 interrogantes.

El mandato 23 determina que los funcionarios deben entregar la información en cinco días a partir de la notificación. De no hacerlo dará lugar a su inmediata destitución.

Salida de  Vera
El Movimiento Popular Democrático (MPD), afín al régimen de Rafael Correa, pidió ayer a la Corte Constitucional que ordene la salida de Alfredo Vera como secretario nacional Anticorrupción, porque esa entidad desapareció con la vigencia de la nueva Constitución.

El dirigente de la agrupación, Gustavo Terán, afirmó que Vera está arrogándose funciones en un organismo que no existe. Este debe ser absorbido por la Función de Transparencia y Control Social.

Dijo que su partido solicitó a la Contraloría que se realice una auditoría para determinar si este cometió peculado al seguir manejando dinero  del Estado de un ente que no consta en la Carta Política.