CASO FYBECA. Las Dolores se quejaron ayer de la falta de justicia 5 años después de masacre.
Tras cinco años de las muertes suscitadas en la farmacia Fybeca de la cdla. Alborada, las investigaciones sobre el hecho no han arrojado los resultados esperados por los familiares de las víctimas, quienes una vez cerradas las puertas judiciales en el país se aferran a la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atienda el caso.
En la mañana del 19 de noviembre del 2003 la Policía participó en una balacera en el interior de la farmacia, donde ocho personas fueron asesinadas, entre ellos Carlos Andrade Almeida, un cliente que compraba pañales para su hija; y el mensajero de Fybeca, Jimmy Córdova Encalada.
Los otros fallecidos fueron José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quishpe Portillo, Richard Gonzalo Tello Jácome y Genny Germán Aguiar Vargas.
Mientras, Johnny Gómez Balda permanece desaparecido desde ese día, cuando fue aprehendido por un ex agente, como se evidenció en una foto publicada por este Diario.
Ayer, durante un plantón que recordó los cinco años del hecho, Dolores Guerra y Dolores Vélez, viudas de Gómez y Andrade, respectivamente, se quejaron por la poca colaboración de jueces, fiscales y la Policía para resolver el caso.
Dolores Briones, esposa de Córdova, no acudió porque su hijo fue operado del apéndice (no se precisó el lugar).
En octubre pasado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) recibió un informe de la Procuraduría General del Estado, en el que pedía a la CIDH el archivo del caso abierto en ese organismo por las esposas de tres de las víctimas.
Billy Navarrete, coordinador del CDH, rechazó la intención de la Procuraduría. “Los argumentos para archivar el caso son insostenibles”, aseguró Navarrete, quien cree que existen suficientes pruebas para que las investigaciones continúen.
Navarrete informó ayer que la CDH envió también una comunicación a la CIDH en la que se explican las razones para no archivar el proceso. “Hubo una confusión porque existen dos denuncias sobre el caso Fybeca, una que plantearon las esposas de las víctimas y otra que inició la CDH”, sostuvo Navarrete, quien aclaró que la denuncia que la Procuraduría pretende archivar es la de la CDH.
Existe un retroceso y mala información en cuanto a los juicios. “El Estado no debe defenderse de los derechos humanos sino hacerlos respetar”, analizó Navarrete. Dolores Guerra y Dolores Vélez expresaron su desacuerdo por la comunicación de la Procuraduría. “El Procurador debe ponerse en nuestros zapatos”, dijo Vélez.
Mientras, la oficina de comunicación de la CIDH confirmó ayer que el caso está en etapa de estudio, por lo que no existe un pronunciamiento público del tema. “Si se aprueba un informe de admisibilidad, entonces el caso pasa al estudio de fondo. Al final de ese periodo, la CIDH determina si hubo o no violación de los derechos humanos por parte del Estado”, dijeron.
En tanto, los juicios que se iniciaron tanto en la Policía como en la justicia ordinaria en el país, fueron archivados por falta de pruebas. Tres resoluciones de la 2ª Corte Distrital de Policía, las dos primeras del Presidente de ese tribunal y la tercera del Pleno de esa Corte, liberaron de responsabilidad a los 20 policías involucrados.
La única detenida, Saydi Vélez, una civil presente en el lugar, goza del beneficio de prelibertad desde hace un año.
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