Según el informe de la Comisión, los gobiernos desde 1976 hasta el 2006 son responsables de renunciar a la soberanía, a la jurisdicción, al derecho a la defensa y a la reclamación, al permitir la injerencia de los acreedores internacionales en los procesos de endeudamiento y renegociación.

A ello se suma la “violación de derechos fundamentales de personas y pueblos, irrespeto a los instrumentos internacionales de derecho; cláusulas abusivas que violentan los derechos soberanos; violación de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y de leyes internas; usura y anatocismo”, según el informe.

En el documento se responsabiliza de dichos actos a los organismos multilaterales, a la banca extranjera y demás acreedores, “con la participación de autoridades y funcionarios nacionales (no señala nombres), quienes impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de reestructuración no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador; y provocaron desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior”.

La Comisión también identifica a los bancos Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank y JPMorganChase como representantes de los acreedores en todos los procesos de negociación y renegociación.