Según los resultados de la investigación de la CAIC, la oferta de emisión de los Global no fue autorizada por las leyes ecuatorianas, ya que el Decreto 618 (emitido el 5 de junio del 2000 por el ex presidente Gustavo Noboa) entró en vigencia luego de la firma de la oferta.

Con ese decreto se creó la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, lo que permitió que el 26 de julio, también por decreto, Noboa autorice al ex ministro de Economía Luis Iturralde la emisión de bonos Globales.

La Comisión además señala que el 26 de julio, “con asombrosa velocidad”, emite su dictamen el Procurador, también firmó la oferta el Cónsul de Ecuador en Nueva York; el Director de Estudios del Banco Central recomendó emitir informe favorable, se reunió el directorio del Banco y aprobó la emisión mediante una resolución. “Todos estos actos violentaron el debido procedimiento administrativo”, asegura el informe.

Se cuestiona  la contratación directa de Salomon Smith Barney, que, según la Comisión, viola la Ley de Consultoría. Además asegura que Salomon y JPMorgan intervinieron en la negociación del 27 de julio sin autorización del Ecuador.

El convenio que reguló la emisión de los bonos, denominado “Indenture”, no fue sometido a consideración de la Procuraduría. “En el Indenture se renunció irrevocablemente a la inmunidad soberana del Estado, la cual no estaba autorizada por la Constitución vigente, y a cualquier otro derecho de inmunidad sobre ejecución.

Los comisionados acusan a las autoridades nacionales de otorgar derechos incondicionales a los tenedores de bonos y de eximir a los colocadores de la responsabilidad sobre cualquier daño incurrido durante la operación.

“Además se garantizó indemnizarlos y mantenerlos indemnes de cualquier pérdida, daño, gasto razonable, lo que evidencia una palmaria inequidad y una absolución de responsabilidades dañosas para el Ecuador”, señala el documento.

Aunque en el informe no se precisa el monto del perjuicio para el Ecuador, Hugo Arias, coordinador de la comisión, anticipó que la cifra sería de unos $ 64.000 millones, debido a que en el periodo analizado el país recibió créditos por $ 80.000 millones, de los cuales ha pagado $ 127.000 millones y le resta cancelar $ 17.000 millones.

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La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público solicitó información a 18 entidades públicas para comprobar el origen de la deuda externa. Solo 4 contestaron,  3 no la entregaron y 11 ofrecieron información errónea.