Aun así, hubo grupos que quisieron defender lo indefendible, persiguieron a los familiares de las víctimas, acusaron a la prensa –en particular a este medio– y amenazaron a los periodistas que le daban seguimiento a la información. Debido a esa presión, nadie ha recibido hasta ahora una sanción adecuada, y eso solo es motivo para que el balance siga siendo negativo.

Pero la masacre de la farmacia Fybeca no pasó absolutamente en vano. La ciudadanía pudo corroborar que no hay por qué callar cuando ciertos funcionarios abusan de su poder. En una sociedad democrática existen mecanismos, como la libertad de expresión, que permiten confrontar a las instituciones del Estado cuando se las utiliza para el mal.

Hoy, al cabo de un lustro, el debate continúa, para que se haga justicia por ese crimen execrable y para que el miedo a denunciar no vuelva a imponerse.