Autoridades y expertos financieros de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y España definirán mañana y el viernes cómo detener las estafas "piramidales", que han afectado a miles de personas en los dos primeros países.

La Superintendencia de Bancos de Bolivia, organizadora del foro, dijo hoy que todos esos países enviarán delegados para analizar este tipo de estafas "que han contaminado en mayor o menor grado la salud de los sistemas financieros y la integridad del ahorro del público en América Latina".

Los asistentes intercambiarán experiencias y examinarán la normativa existente para afrontar las estafas "piramidales".

Este tipo de fraude consiste en captar dinero de particulares, a quienes se ofrece tasas de interés extraordinarias a cambio de que los depositantes "recluten" a más personas para engrosar el negocio y con los fondos de los nuevos clientes se pagan los beneficios de los más antiguos.

Según el programa del foro, las superintendencias bancarias de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y el Banco de España expondrán mañana los casos en estos países.

El viernes, el Ministerio Público, la policía y la Corte Suprema de Bolivia y el Colegio de Abogados de La Paz harán lo propio con los casos locales.

Esta semana, el superintendente de Bancos de Bolivia, Marcelo Zabalaga, expresó su sorpresa al conocer el reciente "escándalo" de Colombia, donde instituciones que trabajan con el sistema "piramidal" estafaron millones de dólares a miles de personas que les confiaron sus ahorros.

Lavado de dinero

Un boletín de la Superintendencia de Bancos de Bolivia, que cita informes colombianos, señala que detrás de las "estafas piramidales" se esconden mecanismos como el "lavado" de dinero.

Se estima que en Colombia "operarían cerca de 1.300 entidades que realizan transacciones sospechosas por más de 4.400 millones de dólares", según el citado boletín.

En Bolivia, en los últimos años se han registrado tres casos de estafa "piramidal", concretamente en las instituciones Roghel, LV Pharma y Orión, que supuestamente estafaron 50 millones de dólares a al menos 20.000 personas.

Las autoridades bolivianas han logrado llevar a la cárcel a uno de los acusados, mientras que los otros dos sólo han recibido sanciones económicos y ninguno de los afectados por la estafa ha recuperado su dinero.

Uno de los conflictos que afronta Bolivia para acabar con estas estafas es el "vacío legal" que existe al respecto, por lo que la Superintendencia proyecta elaborar una norma para tipificar y castigar estos delitos con más efectividad.