Con motivo del primer aniversario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, titular de esa cartera, dio un informe de labores en el cual resaltó la necesidad de reformar cuatro cuerpos legales.
En ese sentido, el proyecto más inmediato es el destinado a reformar el Código de Procedimiento Penal. El documento será presentado a la Comisión Legislativa y de Fiscalización en el transcurso de esta semana, informó Jalkh.
También manifestó que la cartera elabora una propuesta para la ley reguladora de la Función Judicial, que debe ser aprobada por la Comisión Legislativa hasta el 14 de febrero del próximo año.
Jalkh subrayó que ese cuerpo legal debe garantizar la independencia y la transparencia del sistema judicial. Para ello, dijo, la ley debe otorgar a los funcionarios tres condiciones: estabilidad laboral, capacitación y evaluación permanente. En ese sentido será planteada la propuesta, advirtió, al anunciar que se enviará el documento al ‘Congresillo’ en los próximos días (no precisó fecha).
Asimismo, Jalkh comunicó que el próximo año se realizarán reformas a los códigos Penal y de Ejecución de Penas. Esta última está guiada a garantizar los derechos de los presos, a crear un sistema de carrera penitenciaria para los funcionarios y a fortalecer el sistema de rebaja de penas.
En su informe de labores, el Ministro resaltó además la creación de la Defensoría Pública, proyecto que según él costó $ 3’076.140. Los 234 defensores públicos repartidos en 23 provincias han tramitado la liberación de 4.300 detenidos, cuyas prisiones preventivas estaban caducadas, señaló Jalkh. De esta manera, dijo, el Estado ha ahorrado $ 8 millones en su manutención.
Con respecto a los centros de rehabilitación social, el funcionario manifestó que se han asignado $ 15 millones para la construcción de cinco establecimientos nuevos y la remodelación de nueve ya existentes.
El problema más emergente, dijo, es el hacinamiento en la Penitenciaría del Litoral, donde 4.000 presos ocupan el espacio previsto para 1.800. Jalkh criticó que ese problema no se soluciona con un pabellón especial que alberga a 100 o 150 internos.
Frente a esto, anunció que para finales del 2009 estarán listos varios pabellones para acoger a 1.500 presos. Los otros cuatro nuevos centros estarán ubicados en Santo Domingo, Quevedo y Quito. Este último reemplazará al anterior penal García Moreno, indicó Jalkh.
Reformas
Uno de los planteamientos del Plan Integral de Seguridad del Gobierno es la reforma al Código de Procedimiento Penal. El proyecto consta de 21 artículos destinados a reformar tres ejes del actual código: la acción de oficio de fiscales, la reglamentación para el cobro de fianzas y las medidas cautelares.