Desde hace tiempo se sabe que buena parte de nuestros créditos internacionales obedeció a presiones políticas. Más de un gobierno se hizo de la vista gorda ante ese atraco, de tal manera que si hoy se pone un alto a esos abusos y se los castiga, el país lo aplaudirá.

Pero esto requerirá un prolijo trabajo legal, muy bien sustentado y con argumentos y pruebas sólidas, no solo porque es obligación moral actuar de ese modo sino porque cualquier gesto del Ecuador, en medio de la crisis financiera mundial, inevitablemente será seguido muy de cerca y con mucho interés por la opinión pública internacional.

En ese contexto no habría cómo admitir ninguna falta de prolijidad del equipo legal y político encargado.