El Gobierno colombiano adoptó ayer medidas para enfrentar el fenómeno de las “pirámides” financieras que ofrecen rendimientos exorbitantes por fuera del sistema bancario.

Para ello, el Ejecutivo declaró al país bajo estado de emergencia social, lo que le permitirá expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, con las que buscará sancionar a los captadores ilegales de fondos y que el público recupere los ahorros.

Al amparo de esa situación constitucional, se emitieron los cuatro primeros decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso.

El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, afirmó que se confiscarán el dinero y bienes de empresas “que cumplían una función de recaudo no autorizada. “La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros”, expresó.

Además, la captación masiva no autorizada de recursos del público recibirá penas de entre 120 y 240 meses de cárcel, multas y no será excarcelable.

El fenómeno de las “pirámides” entró en crisis en Colombia la semana pasada cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero a cambio de pagar intereses de hasta el 300%. Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares y quebraron al no poder cumplir su oferta.

En varias ciudades del país hubo que decretar el toque de queda para contener los disturbios de los estafados, que dejaron tres muertos.

En desarrollo de los decretos dictados, fueron registradas las sedes de la empresa DMG, que no era una “pirámide”, pero sí había logrado captar inversiones por medio del otorgamiento de tarjetas “prepago” para comprar electrodomésticos y otros productos.