La nueva Ley Minera, que antes de ingresar a la Comisión Legislativa o ‘Congresillo’ para su debate ya cuenta con oposición, incorpora la subasta pública o remate para el otorgamiento de las concesiones mineras que pertenezcan al Estado.

Derlis Palacios, ministro de Minas y Petróleos, explicó  que esa figura legal se aplicará “más en aquellos campos donde ya existe información clave”, como tipo de mineral o magnitud del yacimiento.

Sin embargo, será el reglamento general a la nueva ley el que contenga los procedimientos, requisitos y condiciones para participar en la subasta.

El concepto, de inicio, es que el remate sea solo para aquellas áreas donde el Estado tenga derecho, y estas se definirán con el Plan nacional de desarrollo minero, según José Serrano, subsecretario de Minas.

Una vez que se identifiquen las zonas por subastar existirán dos opciones de contrato para firmar: el de participación o explotación y el de prestación de servicios.

Jorge Guamán, coordinador nacional del movimiento político Pachakutik, es partidario de que el Estado suscriba solo este último tipo de documentos, ya que únicamente consiste en delegar el trabajo a una empresa privada, mas no en compartir la riqueza.

Pero para el Ministro de Minas el contrato de prestación de servicios para las áreas que requieren de altas inversiones –porque empiezan desde la fase de exploración– no es rentable. En Chile, citó como ejemplo, la Corporación del Cobre obtiene uno o dos proyectos productivos de cada mil que analiza.

Y mientras las autoridades definen las áreas que saldrán a subasta, organizaciones sociales como la Coordinadora para la Defensa y Conservación del Noroccidente de Pichincha, inician hoy manifestaciones  contra el proyecto minero.

 El proyecto de Ley Minera llegó a la secretaría del ‘Congresillo’ y pasará a conocimiento del  Consejo de Administración Legislativa, informó la comisionada Irina Cabezas (PAIS).