Hugo Arias, coordinador de la Comisión Especial de Auditoría de la Deuda Externa (CEA), asegura que el presidente Rafael Correa tiene  argumentos, no solo para haber suspendido el pago de $ 30,6 millones de intereses de los bonos Global 12, sino para declarar el no pago de toda la deuda pública externa, e inclusive para plantear demandas internacionales y exigir indemnizaciones.

¿Qué irregularidades encontró la CEA en el endeudamiento contraído durante los últimos 30 años?
Primero que el proceso nunca correspondió a los intereses del país sino de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos.

¿La Comisión comprobó fraude o perjuicio al Estado?
Sin duda, hay indicios de una actitud fraudulenta  que convirtió a la deuda en un monstruo gigante e impagable.

¿Cómo ocurrió, quiénes son los responsables?
Más del 80% de la deuda corresponde a refinanciamientos y apenas el 20% a proyectos de desarrollo. Eso es un atropello a la soberanía y a la dignidad. Al fin el país sabe que el endeudamiento externo ha sido un atraco millonario.

¿De cuánto es el atraco?
Es complicado precisarlo, porque antes había la conversión de sucres a dólares. Solo para tener una idea cabe señalar que mientras el país recibió créditos por unos $ 80.000 millones, hasta el momento va pagando más de $ 127.000 millones y todavía nos queda un saldo de $ 17.000 millones.

Pero ese monto incluye deuda pública y privada, ¿cuánto corresponde a la pública, que sería la declarada ilegítima?
 Así es, actualmente el saldo de deuda pública es de $ 10.300 millones, más o menos.

¿Ese es el monto que el Gobierno dejaría de pagar o podría demandar a los acreedores para recuperar el exceso de $ 64.000 millones?
Sí, serían los $ 10.300 millones que se dejarían de pagar, lo cual sería un logro histórico para el país. Lo de las demandas es un tema que le compete decidir exclusivamente al presidente Rafael Correa.

Ecuador contrajo deudas de tres tipos: con gobiernos,  con acreedores privados y con multilaterales, ¿cuáles son los créditos ilegítimos?
En todos los tramos hay indicios de ilegalidad, abusos e ilegitimidad. Podría decir que en menor magnitud de la CAF y del Flar, aunque son los más onerosos después de los bonos. 

¿Cuál es la diferencia entre ilegalidad e ilegitimidad?
Una ilegalidad se da al firmar créditos sin respetar las leyes del país que recibe el dinero. En todas las deudas encontramos incumplimientos.

¿En qué gobiernos?
Desde la Junta Militar de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco, en la década del setenta; luego con la dictadura de Rodríguez Lara y posteriormente con Roldós, Hurtado, Febres-Cordero, Borja, Durán-Ballén, Alarcón, Mahuad, Noboa, Gutiérrez y Alfredo Palacio.

¿Por qué no menciona a Abdalá Bucaram?
Porque en ese gobierno no se hizo ninguna renegociación.

Por todo lo que usted revela, se puede concluir que el presidente Correa tiene argumentos de sobra, no solo para  postergar el pago de intereses por $ 30,6 millones de los Global 2012, sino para declarar el no pago de toda la deuda. ¿Por qué no lo ha hecho?
El informe de la Comisión es contundente; pero, el Presidente, de manera responsable, aceptó nuestra sugerencia de someterlo a criterio de juristas internacionales... Inclusive, la semana pasada miembros de la Comisión fuimos a Brasil porque nos invitaron para compartir este trabajo con otros países, que también han sido víctimas de acreedores.

¿Qué países y acreedores?
Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina.

¿Cuál es la deuda más perjudicial para el país?
La comercial (bonos Global 2012, 2015 y 2030) es la más cara y la más corrupta.

¿Cuál es el monto de esa deuda actualmente?
Bordea los $ 4.000 millones, que representa un 90% de la deuda pública.