Todos los gastos efectuados durante la última campaña electoral por  las entidades del sector público, tanto las del Gobierno central como las autónomas, incluido el anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE) están sometidos a un examen especial de la Contraloría.

El titular del organismo de control, Carlos Pólit, informó que en breve se dará lectura del informe borrador. Dijo que ordenó la investigación tras varias denuncias de las organizaciones privadas y medios de comunicación sobre gastos excesivos en publicidad y propaganda en  dependencias oficiales.

La indagación busca constatar si  municipios y consejos provinciales destinaron parte de sus presupuestos para hacer campaña política.

Para sustentar el análisis, Pólit solicitó a los observadores europeos y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que asistieron a los comicios, que le presenten sus observaciones por escrito. 

“El objetivo es revisar todos los gastos, contratación de empresas y todo cuanto se haya invertido en el proceso electoral”, explicó.

El examen se inició hace dos meses, con técnicos designados por el propio Contralor.

Sobre la aplicación de sanciones, en caso de detectar irregularidades, Pólit lamentó que la Ley del Gasto Electoral no establece algún  límite.

“Reiteradamente advertí que la ley no fija  límites de gasto;  pedí a la Asamblea, a través de un mandato, hacer algo al respecto antes de las elecciones, pero desgraciadamente no me escucharon”, señaló.

También indicó que la Contraloría tiene listo un nuevo catastro del sector público, que incluye todos los nuevos ministerios, subsecretarías y otras dependencias públicas creados en este  Gobierno.

Investigar a todas aquellas es  parte del Plan de Auditorías de la Contraloría para el 2009.

Según el reporte de Participación Ciudadana (PC), el régimen gastó en la campaña del referéndum $ 2’874.649 en cuñas relacionadas con los contenidos de la nueva Constitución.

Esto generó criticas de los organismos internacionales. José Ribeiro e Castro, jefe de la delegación de la Unión Europea, criticó la falta de control de la publicidad del Gobierno y  organismos seccionales que respaldaron las dos tendencias.

El CNE ya inició el juzgamiento de las cuentas, no obstante, todavía se desconoce si el gasto de las instituciones del sector público también está en análisis.