La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas que invirtieron sus dineros en 'pirámides financieras' de empresas ilegales que captan dinero y ofrecen hasta el 300% de rentabilidad, llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia social para tratar de superar la situación.
El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo este lunes que el gobierno acudió a la emergencia debido a que la crisis "tiene inmensas repercusiones sociales" y porque "indudablemente son cientos de miles de colombianos" los afectados por el cierre de esas empresas financieras ilegales.
Mediante el estado de emergencia, una figura contemplada en la Constitución, "el gobierno puede decretar medidas ágiles y mecanismos especiales de intervención administrativa que, de lo contrario, podrían llevar meses", explicó el funcionario.
Según las autoridades, en Colombia operan dos centenares de 'pirámides', un esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran.
El ministro Zuluaga dijo que el gobierno no tiene aún una estimación del número de personas que invirtieron sus dineros en las llamadas 'pirámides', varias de las cuales colapsaron la semana pasada, originando disturbios en varias ciudades del suroeste del país.
Sin embargo, anotó que se espera que con la designación de varios agentes inteventores en pocos días se pueda hacer un inventario del número de personas y de los recursos invertidos en las 'pirámides'.
Delito de captación de dinero
Entre las decisiones adoptadas este lunes, el Ejecutivo emitió varios decretos, uno de los cuales dobla las penas de cárcel para aquellas personas que capten ilegalmente dinero del público.
También estableció un nuevo tipo de delito, el de la retención, que será aplicable a personas que hayan captado dineros y no los reitengren de inmediato.
Según el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, si los captadores devuelven el dinero, podrán obtener beneficios en materia penal.
El gobierno también otorgó funciones de policía a los alcaldes para que procedan precautelarmente a cerrar las oficinas de empresas captadoras y a proteger los bienes y dineros recaudados, tomando posesión de ellos.
Finalmente, definió el proceso y los mecanismos que pondrá en marcha para efectuar los inventarios de activos de las captadoras ilegales, y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dineros que presenten las personas damnificadas.
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