El fiscal Washington Pesántez analiza  el borrador del informe en el que se detectan irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación  de Servidores Públicos de la Procuraduría del Estado (Asopge).

Al cierre de esta edición no se dictaba la instrucción fiscal, pero se informó que es cuestión de horas.

Entre tanto, el contralor Carlos Pólit ratificó indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa culposas en el manejo de los recursos de dicha Asociación.

En cambio, Alejandro Vanegas, abogado defensor de la Asopge aseguró que sus defendidos son “víctimas de una mala interpretación.

Una vez que el Fiscal disponga las instrucciones del caso, el proceso pasará a la Corte Nacional de Justicia, debido a que entre los responsables esté el ex procurador Javier Garaicoa, quien goza de fuero de Corte.

Por tanto, el trámite podría quedar archivado hasta que se resuelva el vacío en el sistema judicial.

La controversia surgió luego de que el mes pasado, el  procurador Diego García denunció que su antecesor, Javier Garaicoa, autorizó dos transferencias por cerca de $ 7 millones en favor de la Asopge.

Una primera entrega de $ 3 millones, efectuada en octubre del 2007,  era para adquirir un centro de capacitación. Pero, según García, el dinero habría sido destinado para comprar una casa en Crucita.

La segunda transferencia por $ 3.85 millones fue autorizada por Garaicoa el 22 de enero de 2008 por el aniversario de la Procuraduría y por el inicio de un nuevo año económico.

Este dinero fue repartido en bonos por un promedio de los
$ 10.000 a los empleados con más de un año de trabajo. Los nuevos socios habrían recibido entre  $ 1.000 y $ 7.500.

Hasta el momento la Asopge no ha presentado un informe de gastos. Alejandro Vanegas sostiene que no tienen por qué hacerlo, ya que la Asociación es una entidad de derecho privado, que se financia con recursos provenientes del aporte de sus miembros y con donaciones de la Procuraduría, que no provienen del Presupuesto del Estado sino de actividades de autogestión de la entidad de control.

Pólit refuta los argumentos de Vanegas y ratifica el cometimiento de actos irregulares, tal como consta en el informe remitido a la Fiscalía.

“La ley dice que la Contraloría investigará a entes públicos o privados que se nutran de los recursos públicos“, anota el Contralor.