Aplaudimos este gesto del Primer Mandatario, tan cercano a una fecha de importante recordación para los obreros como el 15 de noviembre.

Hay que agregar, sin embargo, que casi no existen mecanismos jurídicos firmes para impedir esta práctica. La única solución definitiva será que los asalariados de las empresas públicas y privadas tomen conciencia de sus derechos. Ese debería ser precisamente el papel de la propaganda oficial, que en lugar de repetir tantas loas a la Revolución Ciudadana y tantos ataques contra diferentes sectores sociales, debería concentrarse en explicar a los ciudadanos de a pie las reglas fundamentales de un convivir democrático. Así, el dinero invertido por el régimen en medios de comunicación sería de mayor utilidad.