La banda paramilitar de origen colombiano Águilas Negras comete –según denuncias de pobladores y algunas autoridades– asesinatos, secuestros y amenazas en Esmeraldas y Carchi. Los ajustes de cuentas de Colombia están trasladándose a territorio ecuatoriano. En algunas poblaciones la Policía tiene carencias.
Por ser una zona estratégica para el tráfico ilícito de drogas, combustibles, armas y municiones, grupos armados irregulares hacen presencia. El Ejército, la Marina y la Policía patrullan, pero pese a todo se dan asesinatos.
El norte de las provincias de Esmeraldas y Carchi vive un ambiente de guerra. Una gran mayoría de pobladores y autoridades hablan, pero en voz baja, sobre la presencia del grupo paramilitar de origen colombiano Águilas Negras. Este atacó en una discoteca de Borbón, el 2 de noviembre. Desde ahí el Ejército y la Armada mantienen constantes tareas de vigilancia e inteligencia, pero aparecen más muertos. En menos de cinco días, hasta el miércoles pasado, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo se registraron seis asesinatos. En Carchi hay denuncias por extorsión de parte de ese grupo.
Las amenazas de muerte son constantes. El juez de Limones, Eduardo Defaz, renunció por eso. A su colega de San Lorenzo, Kléver Samaniego, desconocidos le dieron dos días, el pasado martes, para que abandone el cargo. Él no hizo caso. El fiscal de San Lorenzo, Antonio Durán, dice que “falta seguridad y hay muchas amenazas”.
En Borbón, adonde llegaron las Águilas Negras, la vigilancia policial es mínima. Hay ocho policías que hacen dos turnos para resguardar a una población de casi 15.000 habitantes. Ellos viven en un cuarto que sirve de prevención, dormitorio y calabozo.
Lo que fue un charco de sangre brilla con el sol que cae sobre la vía de acceso a la parroquia Colón Eloy, del cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas. Es martes 11 de noviembre y han pasado tres días desde que desconocidos interceptaran el vehículo y atacaran a sus ocupantes, los colombianos Jairo Antonio Taborda y Fabio Nel Fernández Araujo, dedicados a la extracción de oro en la zona. Les propinaron impactos certeros, en la cabeza. Jairo quedó en el volante del carro; su compañero, en la calzada.
Ni el fiscal de San Lorenzo, Antonio Durán; ni la Policía ni los pobladores de la zona saben más detalles del crimen. “Yo solo me enteré por mis vecinos, pero esto está jodido y a todos nos da miedo”, dice un comerciante de Colón Eloy. “Más vale no meterse en nada”, señala una enfermera de la región. Ni siquiera los operativos militares que se dan en la zona amainan el miedo.
A 200 metros de las huellas de sangre, una treintena de integrantes de la Armada realizan requisas a todos los viajeros por la vía Borbón-San Lorenzo. Kilómetros adentro de esa carretera, cientos de militares están desplazados, con tanques y armamento pesado. Eso hacían el 8 de noviembre, pero cuando los uniformados se retiraron, aparecieron los muertos.
Aquí se siente un ambiente de guerra. El control militar se incrementó desde el 3 de noviembre, horas después de que Borbón viviera instantes de pánico cuando 20 hombres armados con fusiles y metralletas, presumiblemente integrantes del grupo paramilitar Águilas Negras, prácticamente se tomaran parte de la población. Era la medianoche del Día de los Difuntos y los armados llegaron por el río en lanchas rápidas; dispararon a diestro y siniestro, rodearon la discoteca Caribe, a dos cuadras del parque principal, en busca de una persona a la que no hallaron. Ni la Armada, que vigila el río y el mar, ni la Policía, reaccionaron. Las balas alcanzaron a Wilber Caicedo, quien horas después murió; Domingo y Leider Caicedo están heridos.
A raíz del ataque, el subsecretario de Defensa de Ecuador, Miguel Carvajal, declaró a los medios, el 5 de noviembre: “No vamos a permitir que aquí se reproduzca el escenario que viven muchas zonas de Colombia. Eso es inadmisible para Ecuador y vamos a actuar con mucha fuerza”. Pero su anuncio y el envío de tropas no ha parado la violencia, generada –según el fiscal Durán– por ajustes de cuentas por el narcotráfico, el contrabando de combustibles, robos y una que otra riña familiar.
En Borbón y otras localidades de Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona fronteriza de Esmeraldas, ya se vive un ambiente similar al de Colombia. Desde el ataque paramilitar, al menos seis personas han muerto violentamente, cuatro el pasado miércoles, la mayoría con disparos en la cabeza. Estos asesinatos se suman a los 96 que se dieron entre enero y octubre, sin contar con aquellos muertos cuyos parientes se los llevaron a enterrar sin esperar los trámites legales.
El ataque de Borbón se dio lejos de la frontera con Colombia. Está al menos a 50 km en línea recta, a dos horas en lancha rápida por mar y a tres horas por carro y bote. En esta región, el nombre de Águilas Negras lo pronuncia la mayoría de pobladores, pero en voz baja. Un funcionario de Eloy Alfaro, que pide el anonimato, refiere que este grupo estaría compuesto por ecuatorianos y colombianos. Controla el contrabando de combustibles y de armas, el narcotráfico y hasta estaría implantando el sistema de vacunas, cobro de un impuesto mensual a comerciantes y hacendados.
Hay una versión que se comenta entre vecinos. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Eloy Alfaro ganó un juicio al Municipio y desde el mes pasado percibe $ 40 mil mensuales. Del primer pago, habrían entregado $ 15.000 como vacuna a las Águilas Negras. Ningún dirigente acepta o niega.
El accionar de esta banda armada se extendería desde Las Peñas, playa ubicada a 70 km de la línea fronteriza, hacia Borbón, Limones, Pampanal de Bolívar y San Lorenzo. También hay denuncias de su accionar en la provincia del Carchi. Narcisa Tapia Guerrón, ministra fiscal de esa provincia, afirma conocer que Inteligencia de la Policía investiga dos casos de extorsión por parte de las Águilas Negras. Uno en el cantón San Gabriel y otro en la parroquia Julio Andrade, de Tulcán.
El grupo paramilitar tiene su base en Colombia, donde –según la Policía de ese país– actúa con apoyo de narcotraficantes; está acusado del secuestro y el asesinato de decenas de civiles, entre ellos varios dirigentes sindicales y activistas sociales.
La banda armada surgió como un eje autoaislado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que estas concluyeran en abril del 2006 la desmovilización de unos 31.000 de sus combatientes, en el marco de un proceso de paz con el Gobierno. Meses atrás, la organización envió un correo a siete embajadas acreditadas en Bogotá, entre ellas la de Ecuador, advirtiendo que atacará sus intereses si mantienen contactos o simpatizan con las FARC.
La presencia paramilitar en el país coincide con una serie de incidentes en la zona fronteriza, como los tiroteos entre integrantes de las FARC y militares ecuatorianos en Sucumbíos o la invasión aérea de militares colombianos en territorio ecuatoriano. Aquello motivó a que el pasado martes el presidente Rafael Correa advirtiera que Ecuador atacará con todo a las FARC o cualquier grupo colombiano.
Pese a la movilización de 7.000 soldados y 2.000 policías a la frontera norte, casi un tercio a Esmeraldas, la colombianización está latente en parte de Esmeraldas y Carchi. El alcalde de Eloy Alfaro, Richard Mina, dice que la inseguridad afecta notablemente y pide una coordinación del trabajo entre la Policía, la Armada y el Ejército, para que los controles se den por tierra y por mar. “Luego de las siete de la noche las comunidades quedan abandonadas y los ilegales hacen sus fechorías sin control”.
La Policía enfrenta carencias en varios sectores. Borbón, por ejemplo, tiene solo un cuarto como destacamento para albergar a los ocho gendarmes que deben cuidar en el poblado de 15.000 habitantes. En parroquias como Colón Eloy no funciona un puesto policial, porque a sus elementos parte de la población los considera sus enemigos. Eso se da porque el 12 de abril pasado agentes policiales llegaron a capturar a Yaser Robinson Ayoví, quien tenía orden de captura de un juez del Guayas, pero se suscitaron enfrentamientos.
Robinson Ayoví y Freddy Valdez Caicedo murieron acribillados por los policías, quienes –según el parte– actuaron en defensa propia. No obstante, la hermana de Valdez, España, los denunció por asesinato. Hoy en la justicia ordinaria se ventila un proceso penal contra los gendarmes Mario Cevallos Loachamín, Carlos Bolaños Arévalo y Vicente Carrillo.
Esa reacción antipolicial hace que en muchos casos, cuando alguien es asesinado, los familiares ni siquiera esperen el levantamiento del cadáver. El fiscal Durán relata que el miércoles 13 de noviembre cayeron abatidos en San Lorenzo Geovanni Mairongo y un ciudadano inidentificado. “Al llegar al sitio, la gente ya se había llevado los cuerpos; qué podemos hacer”, indica el fiscal, quien se queja por la desprotección y amenazas a las autoridades judiciales.
Eduardo Defaz, juez en Limones, renunció hace un mes por amenazas de muerte. Al juez 6º de San Lorenzo, Kléver Samaniego, le dieron dos días para que deje el cargo, el pasado martes. Él no hizo caso. “A la gente aquí fácilmente le corren a plomo venteado (bala) y tiene miedo. Íbamos a hacer una marcha contra la violencia, pero la mayoría teme salir. Por eso mejor haremos una procesión con el Divino Niño”, refiere Elcher Escobar, coordinador del acto.
Testimonios
Domingo Caicedo Padilla:
Herido por paramilitares
Estaba con unos amigos fuera de la discoteca Caribe. Al oír la balacera corrí, pero sentí los impactos. Tengo una bala alojada en la pierna y otro impacto en el pecho. Eran muchos los atacantes. Bañado en sangre fui al hospital y después trajeron a Wilber Caicedo, quien murió. Pudo ser una desgracia mayor, había mucha población civil. La autoridad nunca apareció. Conmigo no ha hablado la Fiscalía. Es como que a nadie le interesa, deben investigar”.
Kléver Samaniego Mena:
Juez Penal de San Lorenzo
“Eran las cuatro y cuarenta de la tarde del 11 de noviembre cuando llamó al teléfono del juzgado un tal Christian y me dijo que si yo no dejo el puesto de juez en el plazo de dos días, me iban a matar. No tengo por qué renunciar, aunque sí temor porque tramito juicios complicados, por tráfico de combustibles, narcotráfico, asesinato. No voy a darles gusto como sí lo hizo el juez de Limones, quien renunció hace poco por amenazas de muerte”.
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