Entre 2007 y 2008 la Contraloría auditó contratos públicos firmados en los últimos 5 años.

El contralor Carlos Pólit aclaró ayer que los informes aprobados en los últimos 22 meses (desde enero del 2007 hasta el 12 de noviembre del 2008) “corresponden a periodos de hasta cinco años atrás, en su mayoría relacionados con administraciones que ya no se encuentran en funciones”.

Los montos de posible perjuicio analizados por la Contraloría (CGE) corresponden a diversos niveles de la administración pública: funciones Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral, alcaldías, consejos provinciales, juntas parroquiales, organismos autónomos, colegios, universidades e incluso entidades privadas que manejan recursos públicos.

Según la información proporcionada a EL UNIVERSO por la Contraloría, en lo que va de este año realizó 1.166 auditorías a contratos públicos, por un total de $ 30.619 millones, en los que estableció responsabilidades civiles o glosas por $ 75 millones. En ese periodo determinó indicios de responsabilidad penal por $ 76 millones y multas por $ 14 millones.

En el 2007 se efectuaron 1.634 auditorías con un perjuicio de $ 230 millones, según reportes de la CGE.

“En dos años he verificado la suspicacia al crear leyes que han llevado al olvido los procesos para que nadie le pague al Estado”, dijo Pólit durante una visita a este Diario. Sin embargo, no precisó a qué gobiernos son imputables las irregularidades detectadas.

A estos informes se suman otros cuatro mil remitidos a la Fiscalía, cuyos procesos están represados en los juzgados.

Además de coordinar acciones con la Fiscalía, Pólit prepara reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, para la eliminación de disposiciones que impiden a la Contraloría denunciar los casos de corrupción e identificar a los responsables. “Hemos encontrado incorrecciones demasiado graves como para permitir que queden en el olvido. Si hablamos de transparencia, hay que eliminar las disposiciones que mantienen con un esparadrapo en la boca a la institución”, dijo Pólit el martes pasado.

El Contralor también manifestó su preocupación por la debilidad en instituciones como Petroecuador y organismos seccionales. “Pese a que la Contraloría determinó responsabilidades administrativas y civiles en Petroecuador y sus tres filiales y en municipios y consejos provinciales, estas no han ejercido la acción coactiva. Una vez que se determina una glosa tenemos que enviarles a las mismas instituciones para que ejerzan la coactiva, pero no lo hacen nunca”, aseguró. Por esta razón ordenó aplicar un examen especial. “Vamos a dar a conocer (en tres semanas) en qué administraciones se dejó de hacer la coactiva y quiénes son los responsables”, aseguró.

Afirmación
“No imaginan cuántas ganas tengo de contar lo que hemos descubierto”, dijo Pólit.

Seguimiento
Contralor advirtió la debilidad de los funcionarios públicos para recuperar los fondos.