Hay que establecer, ante todo –es lo que se deduce de las declaraciones de la Ministra de Finanzas–, que no se trata de una actitud política de rechazo a la deuda como tal. Las normas vigentes le permiten al Gobierno aplazar treinta días estos pagos, en determinadas circunstancias, y el régimen se ha acogido a esa posibilidad.

Tampoco se trata, por lo visto, de una respuesta a la realidad económica mundial o nacional, ya que el Gobierno ha dicho que sí dispone de recursos suficientes, sino de una medida preventiva, al haberse descubierto indicios (no expuestos todavía) de ilegalidad en el tramo de la deuda que se objeta. Solo si se demuestra que hubo un fraude, la suspensión será definitiva.

Si de esto se trata, el anuncio no debería tener mayores repercusiones. Queda por esperar si el Gobierno se ratifica en esta interpretación o si le añade más complejidad al asunto.