En el coliseo de Ipiales, Colombia, se receptarán las denuncias contra estas empresas.

Ayer se produjeron nuevos incidentes en la ciudad colombiana de Ipiales, cuando decenas de clientes de la captadora DRFE atacaron y quemaron una sucursal de la entidad.

La Policía informó que diez personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad, y se retuvo a otras cinco por los desmanes y robos que hubo en algunos sectores aledaños a la oficina captadora.

Entre los retenidos se encuentran tres menores de edad que no superan los 14 años.

Según la Policía, en las oficinas del DRFE se recuperó un maletín con 30 millones de pesos (14 mil dólares)  que estaba en poder de una persona que al ver a la Policía lo tiró y huyó. El dinero se encuentra en la Fiscalía de Ipiales.

Los daños por los desmanes superan los 100 millones de pesos (45 mil dólares).

Los enardecidos inversionistas destruyeron las oficinas y algunos locales comerciales cerca al DRFE. En estos hechos también fueron destruidos los ventanales de cinco viviendas.

En el sector de El Chorrillo, asimismo,  se produjeron desmanes de parte de los inversionistas que tenían sus depósitos en la empresa captadora de dinero Mar del Plata, cuyas instalaciones fueron desmanteladas y destruidas.

Pérdidas
Las pérdidas económicas producidas por las captadoras de dinero en la ciudad colombiana de Ipiales superarían los 9.000 millones de pesos (4 millones de dólares) y los usuarios estafados serían más de 10.000, según un estimado de la Fiscalía en la ciudad fronteriza.

Entre los afectados se encuentran cientos de ecuatorianos, especialmente comerciantes, autoridades y funcionarios públicos de Tulcán, que depositaron su dinero en las agencias de las captadoras.

El comandante del Segundo Distrito de la ciudad de Ipiales, mayor Wilson Moncada, dijo que se implementará un plan de choque para descongestionar las miles de denuncias que llegaron a la Fiscalía.

El oficial explicó que se habilitará el coliseo cubierto de la ciudad para que las personas presenten las denuncias.

El uniformado aclaró que la institución no podía actuar sin orden judicial o mandato administrativo de las superintendencias, pero agregó que ya se tienen los soportes legales para sellar en todo el país las oficinas de estas empresas.

Moncada indicó que es claro que estas captadoras funcionan paralelamente al lavado de activos, vinculado al narcotráfico, ante los altos rendimientos ofrecidos a los clientes.

Aseguró que las autoridades realizan las investigaciones para detener esas transacciones y recordó que advirtieron hace varios meses a los ciudadanos que no inviertan sus recursos en esos negocios.

Según se estima, el fraude en la ciudad de Ipiales supera los nueve mil millones y los usuarios estafados en esta ciudad serían más de diez mil.