Contraloría auditó 22 meses de contratación pública y halló indicios de responsabilidad civil y penal por este monto. Hay 4 mil procesos acumulados desde años atrás. 

En los casi dos años del actual gobierno, la Contraloría General del Estado realizó más de 2.800 auditorías a entidades del Gobierno central, a organismos autónomos, a municipios y consejos provinciales, y determinó un perjuicio al Estado de 395 millones de dólares.

En los once primeros meses del presente año se realizaron  1.166 auditorías de contratos públicos por $ 30.619 millones, en los que se establecieron glosas por $ 75 millones, indicios de responsabilidad penal por $ 76 millones y multas por $ 14 millones. Es decir, un perjuicio de $ 165 millones.

“Desespera la lentitud en las cortes, esa es la base de la impunidad”, según el contralor Carlos Pólit.

Hace un mes y medio, Pólit y el fiscal Washington Pesántez designaron un perito para que  verifique en qué fase se encuentra cada caso y así tomar las acciones necesarias.

Pólit propone la eliminación de algunas disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Contraloría, que le impide a la entidad denunciar a tiempo los casos de corrupción e identificar a los responsables.

La Contraloría determinó responsabilidades por 395 millones de dólares.

En sus  primeros 22 meses de mandato, el Gobierno de la Revolución Ciudadana no logró cumplir su promesa de combatir la corrupción en la contratación pública, que continúa pintando cifras en rojo.

En ese periodo, la Contraloría General del Estado realizó más de 2.800 auditorías a entidades del gobierno central, a organismos autónomos, a municipios y consejos provinciales,  lo cual determinó indicios de responsabilidad civil y penal, con un perjuicio al Estado de unos  395 millones de dólares.

Solo entre enero y el 12 de noviembre de este año se efectuaron 1.166 auditorías de contratos públicos por  $ 30.619 millones, en los que se estableció responsabilidades civiles o glosas por $ 75 millones; indicios de responsabilidad penal por $ 76 millones y multas por  14 millones de dólares.

Esto quiere decir que en lo que va del 2008 hay un perjuicio  de $ 165 millones.

En el 2007 sumaron 1.634 auditorías con  perjuicio de $ 230 millones.

El contralor Carlos Pólit advierte que la situación es más alarmante si se toma en cuenta que a esos juicios recientes se suman otros cuatro mil acumulados desde años atrás.

Por ello destaca la necesidad de coordinar acciones con la Fiscalía  y cortes de Justicia para  dar celeridad a los trámites. “Desespera la lentitud en las cortes, esa es la base de la impunidad”.

Para revertir la situación y evitar que los juicios caigan en abandono o prescriban, Pólit y el fiscal Washington Pesántez, firmaron un convenio según el cual en las investigaciones en las que la Contraloría haya determinado indicios de responsabilidad penal se dicte de inmediato las instrucciones del caso. Así se busca evitar una nueva investigación de la Fiscalía, que puede durar hasta tres años más.

Hace un mes y medio Pólit y Pesántez  designaron un perito para que  verifique en qué fase se encuentra cada caso y así tomar las acciones pertinentes.

Pólit admite que esas medidas son apenas un paliativo pues está convencido de que la lentitud en la administración de Justicia es un problema estructural. Por ello, en los próximos días planteará un debate nacional sobre un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría.

Allí propondrá la eliminación de algunas disposiciones legales que le impiden a la entidad  denunciar a tiempo los casos de corrupción, e identificar a los responsables para solicitar su detención.

Pólit también es partidario de que la Contraloría recupere su facultad para reprimir un delito y pedir la detención del sospechoso. El borrador de la reforma estará listo en dos semanas, será debatido en todo el país y posteriormente remitido al 'Congresillo'.

OTROS CASOS

Petroecuador
Pese a que la Contraloría determinó responsabilidades administrativas y civiles o glosas en Petroecuador y sus tres filiales y en municipios y consejos provinciales, estas entidades no han ejercido la acción coactiva para recuperar los fondos.

Andrade Gutiérrez
El lunes pasado, el Contralor presentó una queja en el Consejo de la Judicatura. Allí reposa, desde hace un año, un recurso de hecho no  despachado contra   Andrade Gutiérrez, por un pago excesivo de $ 23 millones por la construcción de la carretea Méndez-Morona.

Banco Central
Para fines de este mes, el Contralor  anunciará la lectura del informe borrador de auditorías efectuadas en el Banco Central del Ecuador y en la Superintendencia de Bancos, sobre los contratos, compras e inversiones de los últimos 5 años.

Cuarto puente
El lunes último, la Contraloría empezó a auditar el avance de la construcción del cuarto puente para Guayaquil. Se estima leer el informe borrador en tres semanas, luego de lo cual los implicados tendrán cinco días para  descargos.