Por fin el Gobierno se dio cuenta de que el auge de la delincuencia no era una cuestión de simple percepción periodística, ni de gente que le quería hacer daño a la imagen del régimen sino una realidad inocultable que la padecen varias ciudades del país, especialmente las más grandes, con las inevitables y negativas consecuencias para las personas, los bienes y los negocios.
Pero no basta con hacer un llamado enérgico a la Policía y a varios de los ministros que no prestaron al tema la atención que merecía; no basta con dotar a los gendarmes de mayor y mejor armamento y de unidades de transporte y movilización; no basta dividir al país en regiones para más eficiente supervisión y control; también es necesario –y fundamentalmente– que se creen más empleos para evitar que tanta gente desocupada se vea tentada a delinquir porque carece de ingresos para atender sus propias necesidades vitales y las de sus familias. Por supuesto que la falta de trabajo no justifica delinquir, pero puede ser una de las causas que alimenta la inseguridad ciudadana y el temor de la población.
Según una nota publicada en El Comercio en esta semana, los datos del Banco Central del Ecuador indican que el desempleo subió a 8,66% en octubre (390.566 personas), cuando el mes anterior fue de 7,27% (327.877 personas) de la población económicamente activa (PEA), que en total suma 4,51 millones, cifra que es la más alta desde que el Gobierno cambió la metodología para calcular el mercado laboral en septiembre del 2007. La misma publicación informa que las cifras del INEC (Instituto de Estadística y Censos) coinciden en que el último mes el desempleo ha sido mayor que el precedente, a lo que debe sumarse que las inversiones están detenidas por varias razones como la inseguridad jurídica y la falta de aliento a las mismas –más la preocupante crisis financiera mundial–, lo que significa que el desempleo, lamentablemente, seguirá en aumento y con él la delincuencia si no se insiste en atacarla por todos lados.
Otros factores que también inciden –porque el problema tiene varios frentes que confluyen– son la conducta de los jueces y las normas legales correspondientes, y ha hecho bien el Gobierno en proponer –así lo ha anunciado por lo menos– reformas al Código de Procedimiento Penal tendientes a dificultar que los presuntos delincuentes, especialmente los que roban, asaltan y matan, y que tienen múltiples capturas y expedientes en su contra, salgan en libertad, pero también es necesario que se sancione con drasticidad a los jueces que actúan de forma contemplativa con aquellas personas de conducta reincidente y peligrosa para el cuerpo social.
De lo dicho se infiere que el combate contra la delincuencia tiene varias facetas y que para que sea exitoso debe aglutinar sectores y actitudes, todos dependientes del Gobierno o Poder Central, como una amplia y capacitada actuación policial; una apertura gubernamental que facilite inversiones frescas y creación de nuevos empleos, y una política generadora de confianza en el país. Mientras no exista una disposición –como había en la Constitución precedente– que proteja las inversiones y mientras el régimen siga diciendo que si hay dificultades no honrará la deuda externa, todo esfuerzo en ese sentido será inútil porque el riesgo país seguirá creciendo.
Y la delincuencia seguirá su marcha.