Claudio Uberti, funcionario que fue acusado también en el caso Maletagate, está involucrado.
El ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, calificó ayer de infamias las acusaciones de corrupción en su contra presentadas ante la justicia por una líder opositora.
La dirigente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó el pasado miércoles una denuncia contra Kirchner, su ministro de Planificación, Julio De Vido, su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, entre otros, por presunto enriquecimiento ilícito, al adjudicar la licitación de obras públicas a empresarios amigos y testaferros.
Uberti está involucrado en el escándalo del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, que ingresó a Argentina un maletín con 800 mil dólares sin declarar, presuntamente para financiar la campaña de la actual presidenta y esposa de Kirchner, Cristina Fernández.
La denuncia, firmada por Carrió y varios diputados nacionales de la CC, acusa al grupo de “asociación ilícita”, “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “evasión de impuestos” y “lavado de dinero”.
Según la CC, los denunciados se asociaron para defraudar al Estado y beneficiarse ellos mismos, mediante la concesión de servicios públicos, pago de sobreprecios y facturación falsa.
“A la infamia no respondo. Es el problema de una persona que ha fracasado en todo”, declaró Kirchner a periodistas, en referencia a las dos derrotas en las elecciones presidenciales que sufrió Carrió, ante Kirchner, en el 2003 y luego ante su esposa, en el 2007.
De Vido y Jaime ocupan sus cargos desde la gestión de Kirchner (2003-2007) y son considerados piezas clave del gabinete de la actual presidenta Cristina Fernández, que asumió en diciembre pasado.
Estos dos funcionarios manejan, además, los millonarios subsidios del Estado a las empresas de servicios públicos.
La líder opositora aseguró que decidió presentar la denuncia ante la inminente estatización del sistema privado de pensiones, que el Senado debe votar el próximo 20 de noviembre, que implica el traspaso al Estado de 23.000 millones de dólares, ahora en manos de diez aseguradoras privadas.
Según Carrió, el gobierno planea usar esos fondos para financiar obras de infraestructura y obtener ganancias mediante la adjudicación directa a compañías en las que participan indirectamente. “Haber acusado de asociación ilícita a la manga de ladrones que se robaron el país, me deja muy tranquila”, sostuvo Carrió.
ANTECEDENTES: Acusaciones
Otros casos
En julio del 2007, la ministra de Economía, Felisa Miceli, renunció luego de que la justicia la investigó al hallar en el baño de su oficina una bolsa con dinero cuyo origen no explicó. También se dieron supuestos sobreprecios en un gasoducto.