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Escuche, señor Presidente |
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Usted afirmó que en el Ecuador no rige el Estado de derecho. Lo fundamentó en la acefalía en que se encuentra la Corte Suprema de Justicia.
Esta apreciación de su parte es incompleta y merece ser complementada a la brevedad posible, por el bien del Ecuador.
Un Estado puede ser calificado de derecho, según la doctrina jurídica actual más autorizada, (Rodríguez-Arana, Delpiazzo, Cassagne, González Navarro, etcétera.), cuando confluyen dos circunstancias principales: la primera, el sometimiento pleno del poder al ordenamiento jurídico, lo que implica ausencia de actuaciones exentas de control jurisdiccional; la segunda, cuando es palpable el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales, lo que implica entre otros, la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, que encuentra su realización cuando los ciudadanos cuentan con una administración de justicia imparcial, ágil, transparente y que obra con absoluta independencia ante cualquier Función del Estado.
Durante su gobierno, han existido numerosas actuaciones de órganos imbuidos de poder que no han podido ser sometidas al escrutinio judicial. Así, los Mandatos de la Asamblea Nacional Constituyente o las incautaciones llevadas a cabo ilegalmente por la Agencia de Garantía de Depósitos, son muestras evidentes de espacios de poder omnímodos.
Así mismo, durante su gobierno, muchas actuaciones suyas y de sus colaboradores han contravenido de forma evidente y manifiesta el ordenamiento jurídico: las declaratorias de emergencia para eludir el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública o la presencia de Fuerzas Armadas en Petroecuador.
Muy grave también es la ausencia de tutela judicial efectiva, que se constata por una justicia que, salvo excepciones, no ofrece mínimos de independencia, que es corrupta, lenta, acomodaticia y sumisa al poder.
En el Ecuador, y eso nadie lo duda, la administración de justicia colapsó hace muchos años. Lo mismo el Ministerio Público.
Probablemente le hayan hecho creer que se volverá al Estado de derecho dictando una ley para prorrogar a los ex magistrados de la Corte, con lo cual una vez más se romperá la Constitución, confirmando que las soluciones políticas se imponen por sobre las jurídicas. ¿Ya se olvidó que este era el modus operandi de la partidocracia?
El que se reconstituya la Corte, ¿reinaugurará el Estado de Derecho en el Ecuador? La respuesta, señor Presidente, es obvia.
Otros seguramente le harán creer que el problema de la justicia se solucionará con unas pocas reformas a la ley penal. No sea ingenuo. No cometa el mismo error de quienes aceptaron la propuesta de combatir la delincuencia inventándose, inconstitucionalmente, la figura de la detención en firme, con lo cual no hicieron más que burlarse de la Constitución, destrozando la tutela judicial efectiva. Hoy quieren hacer lo mismo eliminando la audiencia preliminar y las apelaciones.
El problema es mucho más profundo. Lamentablemente, en su círculo, creo que a nadie le interesa encontrar la solución. ¿Le interesa a usted?
Si a usted le interesa, es urgente que lidere una reforma absoluta en el sistema, para lo cual es vital formar jueces. No se puede simplemente escoger a abogados, por muy probos que sean, para que actúen como jueces, así como no se puede simplemente escoger a médicos generales para que realicen operaciones de corazón abierto. El cambio es urgente y posible y debe fundamentarse en la formación. Por ello, Baltasar Garzón ha señalado, con acierto, que el mejor antídoto ante las presiones es la fortaleza del conocimiento. |
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| Manuel Ignacio Gómez Lecaro |
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