Este ciudadano –como lo garantiza la Constitución– será inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hasta la fecha no se ha presentado ni una sola prueba en su contra. Lo lógico sería esperar el dictamen del juez para decidir si merece un castigo. Pero la figura legal que se escogió para demandarlo (una norma inconstitucional y antidemocrática, denunciada por una multitud de organismos internacionales) permite semejante barbaridad.

¿Y las organizaciones que defienden los derechos humanos? Bien, gracias, haciéndole el juego a un sistema que deja libres a los corruptos y en cambio somete al que disiente.